Editorial


El Plan 2030

El Plan 2030, de la Armada Nacional, tal como publicamos ayer, pretende preparar al país para asumir el control absoluto de su mar territorial en el año 2030, para lo cual incrementará sus unidades navales en cantidad y calidad, permitiéndole reacciones rápidas y certeras de prevención, control e interdicción.
Esta capacidad no solo es importante en términos navales y militares, sino turísticos, ya que Colombia aspira a atraer a sus aguas yates cada vez más grandes y en muchas mayores cantidades a través de su política del Corredor Náutico, en ambos mares.
Los Guardacostas de Colombia cada vez rescatan a más marineros nacionales y extranjeros que tienen fallas en sus naves en aguas colombianas. La capacidad del SAR, o “Search and Rescue”, como se conoce internacionalmente en inglés el tener un servicio efectivo de búsqueda y rescate, es extremadamente importante, ya que los seguros de las embarcaciones deportivas extranjeras que entran a aguas de un país sin este servicio suelen volverse inválidos o al menos limitados.
Se estima que en el Gran Caribe hay dos millones de embarcaciones deportivas, muchas de las cuales vendrían a Colombia para pasar aquí la época de huracanes, además de conocer el Caribe y Pacífico colombianos y aprovechar los astilleros locales para hacer reparaciones a mejor precio que en sus puertos de origen.
El éxito del Corredor Náutico no solo depende de la capacidad de búsqueda y rescate de Guardacostas, sino de que las embarcaciones entren al país y permanezcan sin trabas de tramitomanía, y que puedan importar los repuestos que necesitan sin pagar aranceles y sin demoras aduaneras.
La DIAN ha sido una piedra en el zapato del Corredor Náutico, además del lobby en el Congreso de algunas empresas náuticas nacionales que no quieren exponerse a la competencia extranjera en igualdad de condiciones.
Están en su derecho de defender sus intenses legítimos, que lo son, pero al hacerlo, perjudican al litoral Caribe, que no tiene su propio lobby para contrarrestar el anterior y poder defender los intereses no de una compañía, sino de toda esta región. Los parlamentarios de la Costa Caribe deberían tomar nota.
Otra falencia, ya no del litoral Caribe, sino de Cartagena, es la falta de marinas aptas para recibir yates de gran tamaño y la dificultad local para poderlas construir. Las marinas no se deberían hacer a la topa tolondra, en secreto, ni sin antes anchar calles y prever el incremento en el tráfico vehicular que ocasionarán en los vecindarios donde operarían.
Las embarcaciones deportivas son una fuente de empleo muy importante, precisamente para una población costera e insular que tiene ese talento y talante marinero, pero sin las oportunidades que merece para ejercerlo formalmente.
Establecer una política pública para construir marinas sin que haya misterios, tramitomanía imposible, ni mucho menos, discrecionalidad, debería ser otro objetivo común de los sectores público y privado para ir tejiendo redes de empleos formales y decentes para nuestra población costera.
Por lo pronto, el Plan 2030 de la Armada es un gran paso en la dirección correcta.

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