Se estaba demorando la vicepresidenta Francia Márquez para pronunciarse sobre el estado de desprotección en que se encuentran las comunidades en el occidente del país en materia de seguridad.
Se sabe que no es de su competencia dar órdenes a las FF. MM. y de Policía, sin embargo, se echaba de menos un pronunciamiento concreto de la vicepresidenta por el hecho de provenir de esa golpeada región, a la que ha dedicado gran parte de sus luchas.
En verdad que desconcertaba su pasividad ante el deterioro progresivo del orden público y la tranquilidad ciudadana en el Cauca y en Chocó, departamentos que, además, le aportaron copiosos votos al Pacto Histórico para su arribo al poder, pero que no han visto un progreso significativo en su calidad de vida, a propósito de la fortuna de tener en la vicepresidencia de la República a una colombiana salida de su seno.
Por el contrario, el deterioro en la calidad de la existencia y el relacionamiento ciudadanos es alarmante, pues entraron en una espiral de violencia demencial, como si allí no existiera Estado. ¿Existe?
Por supuesto que cae bien ese regaño a las fuerzas del orden, pero aún más las exigencias de operatividad y resultados para el restablecimiento del orden público y la convivencia ciudadana; sin embargo, ese tardío, aunque necesario reclamo, deja varias inquietudes que conviene despejar por quienes son los verdaderos responsables, constitucionalmente, de lo que ahora se está viviendo en esa vasta región del país.
Una de estas inquietudes es si realmente fueron las FF. MM. y de Policía las destinatarias de la justificada reacción vicepresidencial. La señora Márquez sabe muy bien que estas fuerzas legítimamente constituidas solo hacen o pueden hacer lo que se les ordena desde los dos cargos responsables (Presidencia y Mindefensa); y está claro que la orden ha sido el repliegue y dejar que en los territorios se reajusten las realidades sin la interferencia del Estado, como confiando en que las cosas se normalicen con la Paz Total, lo que difícilmente sucederá.
Lo anterior puede llevar a un rompimiento entre Vicepresidencia y Mindefensa, en la medida en que los militares y policías no podrán hacer lo que deben, esto es, proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Habrá que ver qué le responden o el presidente o el ministro de Defensa –que es responderle al país que no delinque–, para hacernos a una idea de hacia dónde va el orden público a nivel nacional.
Esa esperada respuesta del presidente o del ministro resulta necesaria, pues si hay respeto hacia la vicepresidenta, debe atenderse su dura expresión “Yo no voy a seguir permitiendo que esto siga pasando”, con lo cual prácticamente afirmó que tomará decisiones en el interior del alto gobierno (sin competencia legal), para que militares y policías retomen los deberes constitucionales que el ministro de Defensa no les está exigiendo.
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