El riesgo electoral

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La Misión de Observación Electoral, MOE, la fundación Konrad Adenauer, y la Fundación Por Cartagena, Funcicar, en el marco del programa audiencias ciudadanas por la transparencia, presentaron ayer un compendio de los riesgos de corrupción política de cara a las elecciones locales de 2019.

La MOE destaca en su informe que la participación en política de la ciudadanía ha aumentado desde 1991 a 2018 según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que, por ejemplo, en las elecciones a la Alcaldía en 2015 la participación llegó a un 52% en las elecciones regionales de ese año.

A pesar de que el escenario electoral es distinto al de antes de 2002, año a partir del cual la MOE registra el análisis de las mismas, las acciones armadas en todo el país se han reducido, y que hay mejores indicadores sociales en cuanto a pobreza y educación superior en el plano nacional, persisten los riesgos electorales por violencia política y corrupción.

El informe revela que del 1 de enero de 2018 al 9 de enero de 2019, hay 330 casos de víctimas de violencia política en el país, consistentes en 153 homicidios, 110 amenazas, 54 atentados, 10 secuestros y 3 desapariciones. Solo en Bolívar se han registrado en ese periodo 3 homicidios de líderes políticos, y 4 amenazas, siendo los municipios con mayor riesgo Cantagallo, Morales, Turbana, y Cartagena, como distrito.

Para la Misión, el riesgo de violencia aumenta por la presencia, en zonas como el sur de Bolívar, de grupos ilegales como las disidencias de las Farc, Eln, de organizaciones como el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros, entre otros.

Y en cuanto al riesgo electoral solo en Bolívar esta organización de control electoral presenta un mapa de riesgo electoral, en donde 8 municipios del departamento están reseñados, incluidos Arenal y Cartagena, con el mayor riesgo.

El riesgo electoral se da por irregularidades en el voto libre, en la inscripción de cédulas, en la seguridad y el orden público, en las calidades de los candidatos y financiación de campañas.

No son pocos los cartageneros que piensan que hay que evitar a toda costa que en las elecciones de este año carteles de contratistas como los que han revelado la Fiscalía y la Procuraduría en otros municipios del país, pretendan tomar el control de la contratación pública y, por ende, del erario distrital, mediante la financiación de candidatos a distintos cargos de elección popular, que en tal caso llegarían el 1 de enero de 2020 a pagar los compromisos espurios contraídos con quienes terminan gobernado en cuerpo ajeno.

Así las cosas, la labor que desarrollan estas organizaciones no gubernamentales, de medir los índices del comportamiento electoral, tomando como base los reportes de la financiación de campañas anteriores; y de llamar la atención sobre los riesgos de corrupción electoral, es una gestión encomiable que hay que aplaudir y apoyar.

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