Escuchas ilegítimas

15 de enero de 2020 12:00 AM

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Con sentimientos de decepción se recibe la noticia de las presuntas interceptaciones ilegales que la revista Semana reveló en su última edición, y que recaen directamente sobre personal de las Fuerzas Militares (FF. MM.).

Si lo que informa Semana es cierto, y no hay en principio razones para ponerlo en duda, el esfuerzo en la lucha legítima contra criminales se habría desviado para realizar operaciones de cálculo político, que implicarían un cúmulo de delitos e infracciones disciplinarias, pues conllevarían el uso de herramientas oficiales para fines ilegítimos, violación de la intimidad ajena, amenazas, hostigamientos, intimidaciones, sustracción indebida de secretos e información privilegiada, deslealtad y quién sabe qué otras afectaciones a las personas, pero también al prestigio de las instituciones militares.

Y es decepcionante porque hace solo unos meses, cuando se posesionó el nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al unísono el país que opina reclamó una estrategia frontal y efectiva que superara toda conducta irregular al interior de las Fuerzas, incluidas las escuchas ilegales que se conocieron en el pasado.

Lejos estábamos los colombianos de pensar que, a pesar de esas promesas y de algunas acciones que se desplegaron, volveríamos a oír, y tan pronto, sobre la presunta repetición de episodios de ingrata recordación. Es que no puede ser posible que justamente las instituciones a cargo de la inteligencia queden expuestas al desprestigio en tiempos donde, por una parte, más que nunca se necesitan de una institucionalidad fuerte y apreciada para poder enfrentar tantas acciones delincuenciales de verdaderas máquinas criminales regadas en buena parte del país, y más allá las fronteras.

Y, por otra, que es de público conocimiento las capacidades que tantas empresas tienen para obtener, sin autorización, de computadores, teléfonos, programas como WhatsApp y otras formas de almacenamiento de información, pero también para descubrir desde dónde se originan las interceptaciones y sustracción de información.

¿Qué hay oculto bajo el sol que no se sepa finalmente, especialmente en estos tiempos donde cualquier secreto se revela con inusitada facilidad? ¿Es que acaso puede cometerse un grave delito, como el del espionaje ilegal de conversaciones privadas, sin que más tarde se sepa? ¿Por qué hay funcionarios u oficiales que parten de la base que no se conocerá de actos ilegales como los revelados por Semana? ¿Si pareciera que ya nadie está a salvo de que le graben sus conversaciones, habrá algún servidor público a salvo de que se revele que promovió o participó en escuchas ilegítimas?

Pero la cosa sería más grave aún si se probara que las denuncias de Semana en cuanto a que sus periodistas y directivos fueron intimidados por labores en ejercicio del oficio de investigar e informar, son ciertas. Sería entonces no sólo una conjunción de delitos sino también un grave e inadmisible atentado contra la libertad de prensa, algo que el actual Gobierno se ha obligado a defender contra toda amenaza.

El país exige la verdad a la mayor brevedad.

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