Editorial


Expresidente en detención

“(...) A todos corresponde considerar que las decisiones judiciales, aunque no se compartan reclaman acatamiento”

EL UNIVERSAL

05 de agosto de 2020 12:00 AM

En el editorial de ayer comentamos el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que no era responsable opinar sobre un proceso judicial del cual no se conoce su contenido. Esa posición se mantiene frente al auto que resolvió la situación jurídica del senador Uribe, ordenando la medida de detención domiciliaria, en vista de que no se ha publicado su texto.

Como el referido auto admite recurso, el exmandatario tendrá la oportunidad de controvertir la medida provisional. Adicionalmente, cuando se produzca el pronunciamiento de fondo, gozará de una segunda instancia, algo de lo que carecían los aforados hasta fecha reciente.

En todo caso, se cumplió en parte el vaticinio de los miembros del partido del expresidente en cuanto al temor por una presentida detención, la cual se dio, pero en la modalidad de domiciliaria, lo que a todas luces le resta el impacto que habría tenido una decisión de arresto carcelario o intramural; la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tuvo el cuidado de no llegar a ese extremo, que habría polarizado aún más al país político.

Entre tanto, el país jurídico pide con razón conocer el proveído de la CSJ a la mayor brevedad, pues será la calidad, consistencia y fuerza del pronunciamiento lo que deje a salvo el prestigio de su Sala de Instrucción frente a las reclamaciones de interferencia de razones políticas o ideológicas.

El punto es neurálgico puesto que, como se sabe, en concordancia de las normas penales con las constitucionales, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad son excepcionales. En consecuencia, la regla general es la libertad, lo cual supone que el procesado que no ha sido condenado aún, al cual le acompaña la presunción de inocencia, tiene derecho a defenderse en libertad. Siendo ello así, sólo para cumplir determinados fines, es posible privar de la libertad a un encartado dependiendo del juicio de suficiencia; esto es, la valoración sobre si el procesado es o no una amenaza para la sociedad, o si significa un peligro para la debida tramitación del proceso, o hay riesgo de fuga u otra consideración significativa que justifique la excepcionalidad de la detención en el caso concreto.

Conocer el contenido del auto dictado ayer permitirá medir la calidad del juicio de valor por el cual los magistrados consideran necesaria la medida privativa de la libertad del expresidente y hoy senador de la República. Sería espinoso que no aparecieran elementos objetivos para considerar justificada la medida excepcional pues, de no fundamentar con sensatez las razones por las cuales han impuesto esa medida de aseguramiento, se abriría la puerta para que los seguidores del líder del partido de gobierno carguen ataques contra la CSJ y la Rama en general, incluso a llevar la controversia a los extremos de la reforma a la justicia que algunos de sus líderes han anunciado.

Entre tanto, la conducta republicana impone esperar con prudencia la ordenación del proceso. A todos corresponde considerar que las decisiones judiciales, aunque no se compartan, reclaman acatamiento.

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