Editorial


Fallo desconcertante

“Queda probado el daño que ha hecho el Congreso al negarse a legislar sobre un asunto propio de la política criminal del Estado, patrocinando con ello que la Corte (...)”.

EL UNIVERSAL

23 de febrero de 2022 12:00 AM

La Corte Constitucional resolvió las demandas por las que distintos grupos de ciudadanos solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad del tipo penal que sanciona con prisión a la mujer que consienta el aborto y de quien se lo practique con su consentimiento.

Es desconcertante porque, para llegar a la conclusión adoptada, esto es, no despenalizar el aborto totalmente, que es contrario a lo que pidieron los demandantes del Artículo 122 del Código Penal; o el mantener la norma en el mismo estado de cosas de las decisiones tomadas en 2006, finalmente optó por un camino que, en vez de cerrar la discusión o, al menos, fijar una posición clara por uno u otro sentido (o mantener el estado de cosas, o despenalización total), ha despertado mucha más inquietud y división que la situación existente con antelación al fallo.

Si la Corte consideró, por mayoría simple de votos, que no había cosa juzgada con la sentencia de excepciones de 2006 (violación, incesto y malformación fetal); que el delito incrementa los abortos inseguros y afecta intensamente el derecho a la salud de la mujer; que atenta contra su autonomía, la discrimina y viola el derecho a la igualdad, singularmente a las más débiles y a las migrantes; que el derecho penal es la última razón a la que se debe acudir, no se entiende entonces por qué mantuvo el delito para el aborto de criaturas no nacidas a partir de la semana 24.

En efecto, esta singular decisión se fundamenta en que, a pesar de la Corte haber encontrado que los cimientos de las demandas evidencian una contradicción del Artículo 122 mencionado con la Constitución, que justifican la exclusión inmediata de tal norma, la Sala concluye que dicha consecuencia sacrificaría de manera absoluta la finalidad constitucional imperiosa que pretende realizar: proteger el bien jurídico de la vida en gestación.

Y así, a pesar de que consideró que existe esa finalidad imperiosa constitucional, tomó el camino de la medida que, sin sacrificar la protección de este bien jurídico, evite los amplios márgenes de desprotección para los principios y derechos que alegaron los demandantes.

Dicho de otra manera, se fueron por dar la mitad de razón a un grupo y mitad de razón a otro, con lo cual no solo no resolvieron la acre discusión, sino que dilataron la polarización, pues ni los provida dejarán de pelear por la protección absoluta del ser humano que está por nacer, ni los pro choice cesarán hasta lograr la despenalización total del aborto.

Queda probado el daño que ha hecho el Congreso al negarse a legislar sobre un asunto propio de la política criminal del Estado, patrocinando con ello que la Corte le sustituya en el deber de dictar leyes bajo el nombre de sentencias, agraviando aún más el prestigio de una y otra instituciones, y generado más confusión y división en la nación frente a un tema que toca las fibras más sensibles de los gobernados.

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