Editorial


Frontera agrícola

EL UNIVERSAL

23 de junio de 2018 12:00 AM

Colombia acaba de definir su frontera agrícola, movida que le permite delimitar las áreas de protección ambiental y las de producción, incrementando la seguridad jurídica del agro y la protección del medio ambiente, impidiendo, al menos normativamente, la tala de bosques e incrementando las áreas protegidas.

Según el Gobierno, hay 40.075.960 de hectáreas (ha) disponibles para la producción agropecuaria, que son el 35 % del total de 114.074.970 ha que tiene el país. Dentro de dicha frontera, apenas se cultiva el 20 % del área, equivalentes a 7.601.567 ha.

Esta frontera “se define como el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley”. En esta frontera estarán las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras.

Por otro lado, en 25.805.343 ha (23 % del área continental del país), están las  “(...) categorías de protección o conservación de áreas de importancia ambiental en las cuales no se permite el desarrollo de actividades agropecuarias”.

Aunque la nueva normatividad es un buen avance, tendrá que enfrentar un gran conflicto en el uso del suelo, ya que hay más de 2 millones de hectáreas con uso agropecuario en territorios de protección ambiental, así: “(...) 68 % en zonas de reserva forestal; 17 % en páramos; y 15 % en parques nacionales”.

El Gobierno, a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), informó que esa entidad “trabaja desde hace cinco años con más de 14 gremios agropecuarios y productores y definieron (...) cuáles zonas son aptas para 26 cultivos y cadenas, cuál es la visión de futuro de cada cadena, cuál es la prospectiva que orienta al sector y cuál es la ruta para alcanzarlo”.

La mayor ventaja práctica inmediata que le vemos a establecer la frontera agrícola es la seguridad jurídica para los inversionistas, porque incrementará la confianza y propiciará proyectos de largo aliento, que son los que necesita el campo para generar empleo de calidad y producción.

Para un plan agrícola nacional, definir cuáles suelos y dónde pueden albergar los distintos cultivos, es un primer paso indispensable, pero no es el único, porque se necesita riego disponible siempre para sembrar exitosamente cualquier cultivo, y no bastan las características del suelo, con todo lo importantes que son.

Es común rajar de los ‘terratenientes’ con el estribillo de que tienen grandes extensiones de tierra con apenas una cabeza por hectárea, pero sin importar cómo se quieran caricaturizar ideológicamente, tendrían 20 cabezas por hectárea si pudieran, pero la limitante es el agua para regar los pastos, como lo es para hacer varias cosechas agrícolas al año de ciertos productos. Ojalá que la frontera agrícola no se quede en el papel, donde no producirá nada, sino que se desarrolle de verdad en el agro.
 

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