Grandeza en la crisis

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Sorprende que buena parte del país político y líderes de opinión sostengan que los hechos que fueron noticia nacional ayer, con ocasión de la decisión de la JEP de no autorizar la extradición de Seuxis Pausias Hernández, requerido en Estados Unidos por narcotráfico, y las subsiguientes renuncias del fiscal general de la Nación y de la vicefiscal, no constituyen una crisis institucional.

Nada más y nada menos dijo el fiscal en su comunicado a la opinión pública y en relación con una institución que, como la JEP, dispensa justicia, lo siguiente: “Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen”.

Por supuesto que tras los escándalos de Odebrecht la imagen de Martínez Neira quedó maltrecha por su vinculación como asesor de uno de los socios de la compañía brasileña en Colombia, lo cual ha motivado a que buena parte de la opinión solo vea en su renuncia la ocasión para que deje el cargo; pero esa situación personal del Fiscal no puede suprimir la lectura de la visión de quien fue cabeza de una institución fundamental para el funcionamiento del Estado.

Si a eso se suma el contenido de los salvamentos de voto de las magistradas que no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria de la correspondiente sala de la JEP, los cuales interpretan la posición de duros críticos contra la decisión de la Justicia Especial para la Paz, puede inferirse que los días que vienen no solo para esa jurisdicción sino también para el entendimiento de los distintos órganos del Estado y las diversas fuerzas políticas, serán sombríos.

Y en medio de todo ello están los ciudadanos quienes, como espectadores, no alcanzan a entender cómo fue que llegamos a este estado de crispación.

Por respeto a las instituciones judiciales, tenemos el deber de partir del supuesto que el fallo de la JEP está sustentado en pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso, y que las motivaciones de quienes adoptaron la decisión por mayoría no son distintas de garantizar el derecho de defensa de Seuxis Pausias Hernández, el debido proceso y la garantía de justicia para las víctimas del conflicto. En tal sentido, salvo que válidamente sea reformado o revocado, el fallo hay que acatarlo y cumplirlo, con todas sus consecuencias.

Como a pesar de ello hay malestar en el ambiente, es indispensable, por el bien de la credibilidad de la JEP y la legitimidad del sistema de justicia nacional, que se surta la apelación que ha anunciado la Procuraduría General de la Nación para que se revise no solo el sentido sino los soportes probatorios en los que se fincó la providencia; igualmente, que se analice por las Cortes de manera objetiva si los señalamientos del Fiscal en cuanto a que la JEP adoptó una decisión que “... destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico” tiene o no riguroso soporte.

Entre tanto, tenemos derecho a reclamar de nuestros líderes grandeza en estos momentos de crisis. Como nunca en la historia reciente deberá prevalecer la tranquilidad de la Nación por encima de los intereses de grupo.

“Y en medio de todo ello están los ciudadanos quienes, como espectadores, no alcanzan a entender cómo fue que llegamos a este estado de crispación”.

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