Editorial


Guatemala vs. Iván Velázquez

“Colombia no puede aceptar que ninguno de sus ciudadanos caiga como conejillo de indias en esas pugnas internas, máxime si se trata de una persona que hoy encabeza nuestras FF.MM.”.

EL UNIVERSAL

20 de enero de 2023 12:00 AM

La decisión adoptada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, de vincular al ministro de Defensa al proceso penal que se sigue en casos de presunta corrupción patrocinada por Odebrecht, que supondrían actuaciones ilegales cuando lideró la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en aquel país, merece repulsa.

Es de público conocimiento la labor valiente y exitosa que libró Velázquez entre 2013 y 2017 en ese país centroamericano, para encausar a un nutrido grupo de bandidos que se complotaron para sustraer ilícitamente recursos del erario guatemalteco, lo cual implicó llevar a prisión incluso a expresidentes, ministros, militares, alcaldes y empresarios.

La ira de la clase política corrupta de ese país contra el abogado colombiano, hoy ministro de Defensa, llegó a su culmen cuando en agosto de 2017 el presidente Jimmy Morales lo declaró “persona non grata”, lo que supuso su posterior salida del cargo y la disolución de la Comisión.

La sed de venganza no parece haberse satisfecho con esa expulsión.

Pero las autoridades guatemaltecas como que han olvidado que Velásquez no actuó con irresponsabilidad. Fue a ese país por expresa delegación de Naciones Unidas, cuando resultó evidente la inviabilidad de esa nación por cuenta de la galopante corrupción de sus instituciones públicas.

El proceso se adelanta contra quienes habrían patrocinado acuerdos de cooperación con representantes de la constructora Odebrecht, y ya se han librado detenciones contra cuatro personas que estuvieron vinculadas a la Cicig, señaladas de obstrucción a la justicia, conspiración y abuso de autoridad. Ahora intentarán ir detrás del actual ministro de Defensa colombiano.

El ministro Velásquez ha dicho que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la referida Comisión. Así siempre se le ha reconocido por su exitosa gestión.

Por eso, hizo bien el presidente Petro al llamar a consulta a nuestra embajadora en Guatemala, pues aun cuando el mandatario de ese país ha alegado la separación de poderes para deslindarse de la decisión que con “total independencia” dice que han adoptado los jueces, claramente se ha alineado con estos al contestar de manera grosera las reclamaciones formuladas por el mandatario colombiano.

Hay razones de sobra para desconfiar de las autoridades guatemaltecas. No es un secreto que la corrupción que les acompaña ha sido galopante, resguardada en una justicia que ha sido prevaricadora y politizada. Con esa movida lo que están logrando es internacionalizar su crisis interna, y Colombia no puede aceptar que ninguno de sus ciudadanos caiga como conejillo de indias en esas pugnas internas, máxime si se trata de una persona que hoy encabeza nuestras Fuerzas Militares.

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