En la naciente discusión sobre la pertinencia o no del proyecto de ley que está preparando la Superintendencia de Transporte para excluir del mercado a las plataformas de transporte como Uber, DiDi, InDriver o Cabify, y sancionar a quienes presten sus servicios por medio de sus aplicaciones, así como a sus usuarios, viene a colación la vieja diferencia entre legalidad y legitimidad.
Por supuesto que es ilegal cualquier servicio público de transporte que se brinde sin la autorización del Estado. Quien se afilie a esas plataformas para ejercer tal oficio sin pertenecer a una empresa de transporte debidamente facultada, vulnera el régimen vigente.
Sin embargo, como esa legislación restrictiva fue concebida y dictada cuando no existían las plataformas o apps de movilidad, tales aplicaciones tecnológicas quedaron por fuera de la regulación legal. Como siempre, la realidad anda más rápido que el Derecho; pero es un deber primerísimo de este, adecuar la legislación a los nuevos fenómenos sociales.
Obvio que es más fácil prohibir, resolver todo mediante la inhibición de la inventiva privada; pero está probado que esto no resuelve los problemas: los agrava.
Cuando el Estado adopta la alternativa del avestruz, todo se complica a su alrededor. La informalidad creciente en el país no solo es debido a la pobreza o a la falta de oportunidades en el mundo empresarial y laboral formal; es también, y sobre todo, la anomia que los Estados esquizoides propician como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales que nunca dicta, o se demora para expedir o no sabe cómo hacerlo o las confecciona malhechas.
Cuánto ha demorado el Gobierno nacional para regular ese ámbito de la vida en comunidad. El tiempo suficiente como para salir ahora, después de tantos años, conque bloqueará los medios de comercio electrónico o las plataformas tecnológicas si con estas se ofrecen soluciones de movilidad en vehículos particulares; o la retención e inmovilización de los vehículos que presten servicios no autorizados; o multas mayores a diez millones de pesos por contratarlos.
Todo esto entonces podría ser legal. La pregunta sería entonces si es legítimo. Habría que preguntárselo a los más de cien mil colombianos que perderían su fuente de ingreso. Cabría, también, que el Gobierno conteste preguntas como estas, en torno de la legitimidad:
¿Puede una autoridad administrativa bloquear estas plataformas virtuales sin violar el principio de neutralidad que rige en Colombia para internet? ¿El Gobierno asumirá, vía nuevos subsidios, el costo de sostenimiento de las familias afectadas por esta decisión? ¿Qué mejoras en el servicio ofrecerá para compensar a los usuarios jorros de la posición abusiva de buena parte de los taxistas, el deficiente funcionamiento de los SITM y el peligro de las mototaxis?
Hay más preguntas.
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