Editorial


Imperiosas confesiones

“El país y quienes han sufrido directamente los horrores de la guerra fratricida claman porque los partícipes determinadores, cómplices (...)”.

Este miércoles, el mismo día en que Rodrigo Londoño, Jaime Parra, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda emitieron la muy esperada declaración pública de reconocimiento de responsabilidad en el conflicto armado y la comisión de delitos tipificados en el Derecho Internacional Humanitario, por los cuales deberán ser juzgados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), esta jurisdicción reveló que por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) entre 2002 y 2008, cifra muy superior a la que ha reportado la Fiscalía.

Es consecuente reconocer el valor que tiene la expresa aceptación de responsabilidad de los líderes de las extintas Farc-EP, hoy voceros del partido Comunes en el Congreso, y el hecho de que hayan instado a los demás actores del conflicto a sumarse al mismo camino, incluidos políticos y militares, nacionales y extranjeros, como un paso fundamental para garantizar la no repetición de los hechos que mantuvieron al país entre tragedias, odio y dolor durante más de cinco decenios de ininterrumpidas confrontaciones.

Ese reconocimiento de responsabilidad alivia al país y, especialmente, a las víctimas y sus familiares, pero también aplaca las crecientes críticas tanto a nivel interno como en el extranjero, por la falta de aceptación plena de tal responsabilidad de varios de los dirigentes de aquella guerrilla que se acogieron a los acuerdos de paz. Se percibía como una manifestación inadmisible de cinismo la elusión del débito en que se encuentran ante la historia por la dirección, ejecución, comisión, autorización, permisión, patrocinio o complicidad en hechos execrables que solo pueden ser perdonados si se confiesan con muestras de genuino arrepentimiento y ánimo concreto de resarcimiento.

A no dudarlo, esta nueva declaración, mucho más contundente y directa, propiciará un mejor ambiente para que la implementación de los acuerdos de paz no se detenga, y para que la credibilidad en este arduo proceso se fortalezca.

Pero también debería servir para que otros responsables de actos horribles, como los de los falsos positivos, revelen sus rostros y se pongan a disposición de la justicia que, según el expediente denominado 03, bien puede ser ante la JEP. Allí se ha determinado, por ejemplo, que cuatro de las ocho divisiones del Ejército (la Primera, la Segunda, Cuarta y Séptima) serían responsables del sesenta por ciento de todos los casos reportados como ‘muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado’ en el territorio nacional.

El país y quienes han sufrido directamente los horrores de la guerra fratricida claman porque los partícipes determinadores, cómplices y responsables concurran a los estrados de la justicia, para cerrar el más doloroso capítulo de nuestra historia reciente.

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