No se entiende cómo puede ser que ahora resulte el Distrito obligado a asumir los costos del alumbrado público en vías construidas y a cargo de la Nación, incluso cuando aquellas las ha entregado en concesión a particulares, como ocurre con la Vía al Mar.
Si esa carretera nacional se construyó en jurisdicción territorial del Distrito por la modalidad de concesión otorgada por el Gobierno central, por la cual los usuarios de la vía pagan su ejecución y mantenimiento por peaje, ¿por qué razón, además del peaje que ya se paga por todos los propietarios de vehículos o conductores que usan la vía, ahora un tercero que no fue convocado a la celebración del contrato de concesión ni a la construcción de esa vía, como es el Distrito, tiene que asumir el costo de ese alumbrado público? ¿Cómo es que se le impone obligación a un ente territorial sobre los efectos de un contrato de concesión del cual no hizo parte?
¿Si dentro del peaje se incluyen los costos de mantenimiento de esa carretera nacional, y la seguridad es uno de sus componentes, por qué se pretende cobrar por fuera un elemento esencial de la seguridad vial como es la iluminación?
¿Cómo un particular va a seguir cobrando un peaje por una vía que de un día para otro ya no está iluminada? ¿Y cómo el ciudadano va a pagar peaje por una vía concesionada que de buenas a primera se queda sin alumbrado? ¿Cómo así que el ciudadano que paga el peaje por el uso de una vía se encuentra con que el concesionario a quien le paga no garantiza la prestación de ese elemental servicio de seguridad nocturna, como es el alumbrado de la vía?
Pero si se mantiene el Gobierno central en que esa obligación le corresponde al Distrito, pues entonces es necesario que se dé un margen de espera antes de apagar las luces, pues al tratarse de vías nacionales, el alumbrado no está incluido en el actual contrato de concesión del alumbrado público del Distrito, que ahora se vería abocado a tomar sobre sí, también, el alumbrado de vías nacionales que pasan por esta jurisdicción.
Eso es absolutamente traumático justamente cuando se debe renegociar la continuidad del actual contrato de concesión o negociar un nuevo contrato conforme con la licitación que habría que convocarse si no se renueva el contrato con el actual proveedor del alumbrado público.
¿Se debe esto otra vez a un caso como el de Cholón, en el que la concurrencia de tantas autoridades nacionales y regionales sólo dejan una carga pesada a la ciudad, mientras otros deciden qué se hace?
La concesión de la Vía al Mar ha demostrado seriedad a lo largo de su periplo contractual. No nos imaginamos que deje apagar el servicio de alumbrado mientras se resuelve este entuerto.
Frente al riesgo que se cierne sobre los usuarios de esa vía, instamos a la ANI, al Distrito y a las concesiones del alumbrado público y de la Vía al Mar, a que se sienten a encontrar fórmulas sensatas para enervar la situación de manera provisional, en tanto el Distrito resuelve qué habrá de hacerse con el servicio de alumbrado para la ciudad e, incluso, sobre si acepta hacerse cargo de iluminación de las vías nacionales en su jurisdicción.
Comentarios ()