Editorial


Iniciativa importante

“Si el narcotráfico es el fuego que enciende la mecha de las violencias, la corrupción es la mano oculta que las propicia”.

EL UNIVERSAL

28 de octubre de 2020 12:00 AM

Finalmente, ayer la vicepresidenta de la República, en compañía de la Secretaría de Transparencia, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría y otras instituciones oficiales, radicó el prometido y esperado proyecto de Ley Unificado de Lucha Contra la Corrupción, en cuya confección participaron 25 entidades del Estado.

El proyecto tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños causados por tales actos con el fin de promover la cultura de la legalidad.

La propuesta de ley no decepciona; incluyó iniciativas que por años han rodado en diversos foros y escenarios, algunas verdaderamente audaces, pues implican el rompimiento con construcciones teórico-jurídicas de acendrada tradición en el derecho latino, como la de no hacer responsables a las personas jurídicas por los actos de las naturales ya que, en verdad, la existencia de aquellas proviene de una ficción legal. Si la norma se aprueba, se romperá el velo societario cuando se pruebe que directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros empleados son los autores de actos delictivos que enriquecen el patrimonio de las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras, incluidas las personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, las empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro.

Las medidas de protección para quienes formulen las denuncias, revelen los hechos ilícitos o coadyuven en desvelarlos, tan típicas del derecho anglosajón, serán de obligatoria observancia incluso para escudar a empleados del sector privado. También se fortalecerían y simplificarían los arduos procesos de extinción de dominio de los activos de quienes resulten responsables.

Cobraría renovada fuerza la persecución a los beneficiarios finales de los actos de corrupción, que suelen quedar a salvo de las investigaciones y sanciones por el marasmo de figuras contractuales y societarias con las que se nublan sus rastros. Y en cuanto a los servidores públicos, se endurece la regulación de la acción de repetición contra los funcionarios que con su acción u omisión causen detrimento patrimonial al Estado, lo que implica también ajustes al régimen disciplinario con miras a la moralización y la transparencia.

El proyecto también recoge propuestas de iniciativas discutidas, pero no aprobados anteriormente en el Congreso, algunas de estas propuestas por el senador García Zuccardi, como la de protección a los delatores, por lo que se espera que se oficie en mover las bancadas para que el proyecto no naufrague como otros anteriormente.

Si el narcotráfico es el fuego que enciende la mecha de las violencias, la corrupción es la mano oculta que las propicia.

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