No se alcanza a visionar aún ni todas las razones ni el alcance completo del anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la movilización de parte de su fuerza naval militar en aguas cercanas a Venezuela, conformada por buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros, justo después de que el Departamento de Justicia formulara acusación contra Nicolás Maduro y varios de sus compañeros de gabinete nada más y nada menos que por tráfico de drogas y otros delitos conexos.
Los fundamentos públicos de tal decisión de corte militar se sustentan en la necesidad de una “operación mejorada de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger a los estadounidenses del azote mortal de los narcóticos ilegales”, en palabras del presidente Trump, quien agregó que no va a “permitir que los carteles de la droga aprovechen la pandemia para amenazar la vida de estadounidenses”.
Para Colombia el asunto es de marca mayor puesto que no solo se refiere a nuestro vecino sino porque el mismo fiscal general, William Barr, anunció que los cargos formales contra Maduro y sus allegados se refieren a la ocurrencia de un plan criminal con miembros de las disidencias de las Farc cuyo objeto principal ha sido el envío masivo de drogas hacia EE. UU.
Pero resulta extraño el déficit de información que se percibe de los anuncios del gobierno norteamericano, pues por un lado es un hecho que no se ha dado un mínimo de detalles que facilite entender cómo ha operado el presunto cartel, desde cuándo y qué papel han jugado los líderes de las disidencias desde que se firmaron los acuerdos con la extinta guerrilla. Y por el otro, no se ha recibido información suficiente para valorar el alcance de la presencia militar en aguas del Caribe y el tipo de colaboración que los gobiernos de la región, incluida Colombia, le están brindado y brindarán a los norteamericanos.
Ante la falta de una explicación más extensa de hacia dónde van en esa nueva e invasiva estrategia, y ante el silencio del gobierno colombiano, no pocos observadores se preguntan qué sentido tiene haber lanzado el plan justo cuando EE. UU. siente la agresiva embestida del COVID-19 con más de 6.000 muertes hasta la fecha, lo que ha sido acompañado con la propuesta del secretario de Estado, Mike Pompeo, para una transición democrática que conlleve a la formación de un gobierno de unidad que organice unas nuevas elecciones.
No puede omitirse en el análisis que después de varios periodos con pleno empleo, en las dos últimas semanas millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus. Si a eso se le suman la cantidad de empresas que cerrarán sus puertas en los próximos días, el panorama para las elecciones de noviembre se enturbia a tal nivel que se podría concretar predicciones de principio de año según las cuales solo una situación excepcional podría quitarle a Donald Trump la reelección.
Si eso es así, el voto latino pudiera volcarse a la reelección si el actual gobierno cede a la tentación de una nueva jugada extrema en su patio trasero.
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