La autoridad

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Tal vez el primer problema que enfrentan los funcionarios que ostentan autoridad civil, es que no se creen con la capacidad para ejercerla. Sus miedos personales, por ejemplo, los trasladan al Estado, pues al fin y al cabo el Estado en funcionamiento no es más que la suma de los servidores públicos y privados que lo conforman.

La cosa es grave cuando esa autoridad se pierde no por el temor de los funcionarios, sino por la venalidad de algunos de estos. O dicho más claro, cuando el funcionario asume la autoridad del Estado con el propósito de arrebatar el derecho legítimo de un ciudadano para asignarlo a quien no lo tiene, bien por razones de amistad o parentesco, ora por el soborno de quien compra su conciencia o su bolsillo.

Pero también le hace daño a la autoridad del Estado cuando sus funcionarios no se creen con derecho a ejercer la que por delegación de la ley, tienen. Es como un desconocimiento de la razón central de la potestad de hacer lo que le pertenece al Estado, y que se concreta en funcionarios que les basta con desplegar acciones bonitas, que contentan a la tribuna, pero que cuando toca asumir con carácter decisiones y gestiones que incomodan, se escabullen entre las excusas burocráticas y la parsimonia de la inercia estatal.

Por eso, cuando los servidores públicos asumen con coraje funciones que otros prefieren omitir, se eleva en cierto sentido toda la sociedad, porque el Estado se fortalece y los gobernados sienten que se legitiman las instituciones.

Las naciones fracasan cuando a los cargos públicos llegan personas que no tienen ni la preparación ni la voluntad ni el coraje para hacer lo que corresponde frente a los retos que asumen. Y si esas personas se perpetúan en los cargos, o pasan por estos sin pena ni gloria, entonces la medianía se vuelve costumbre y ya pocos con sentido de trascendencia ven en el empleo estatal una opción para la realización de sus vidas.

Tal vez es por esto que muchas de las grandes figuras, que promueven el desarrollo económico o social, jamás pasan por el catabre del servicio público, y se vuelven gestores de pequeñas, medianas y grandes empresas. De hecho, abundan los buenos profesionales a los que jamás se les ocurriría desempeñar un cargo público, pues no sienten que valga la pena gastarse el prestigio en un puesto que inexorablemente llevará a esa frustración que se parece a la impotencia.

Por eso, es de destacar acciones como las que esta semana protagonizó el director del EPA, Álvaro Vargas, quien con la autoridad que le pertenece por delegación de la ley, dispuso la suspensión de un taller que funciona a orillas del agua, en un terreno no habilitado para ese tipo de trabajos, con malas prácticas empresariales y tras corajudas denuncias por daños contra mangles, caños y lagos en la ciénaga de Las Quintas, en Manga.

Si este tipo de actos en el servicio público se convierten en lo normal, como debiera ser, y no en acciones esporádicas, dejarán de ser vistas como actos heroicos, y será entonces cuando los gobernados comiencen a respetar la autoridad legítima del Estado.

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