La cesión de Coinses

03 de julio de 2020 12:00 AM

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Es conveniente que el Distrito ofrezca explicaciones más completas sobre las razones que tuvo para autorizar la cesión de posición o deberes contractuales originalmente a cargo de Coinses S.A., y que ahora ejecutará el Consorcio Salud Caribe 2020.

La frustración ciudadana alrededor del fracaso en la entrega de los hospitales y CAP que quedaron a medio construir tras el crédito por $250 mil millones que se hizo en 2014, se apaciguó después del anuncio del Distrito sobre la reanudación de obras en cinco instituciones de salud priorizadas: la UPA de Daniel Lemaitre, que hace parte del grupo de 25 obras contratadas con el Consorcio Salud Heroica mediante el proceso Dadis N° 001-2014; y cuatro (CAP Bayunca, CAP Barú, Hospital Pozón y Hospital Canapote), que corresponden al grupo de 14 obras contratadas a través del proceso Dadis No. 002-2014, celebrado con Coinses S.A., posteriormente inhabilitada por incumplimiento en otro contrato público.

Funcicar, con razón, ha resaltado la incertidumbre que causa el hecho de que la finalización de las obras la haga una empresa seleccionada por el mismo contratista que no pudo terminarlas, cuando una opción que cabía era la de liquidar ese contrato y abrir un nuevo proceso. Al no haber procedido así, entre otras cosas se facilitó al contratista incumplido escoger a su libre criterio al encargado de la continuidad en la ejecución de las obras.

Obvio que la cesión del contrato es una figura legalmente permitida; pero alerta el camino escogido, salvo que haya razones de peso para justificar la opción que finalmente se adoptó. Y es un punto sobre el cual no ha habido la suficiente información.

Llama también la atención la anotación de Funcicar en cuanto a que, si el valor inicial del contrato, por la suma de $64.061’606.984, tuvo un incremento que lo llevó a un valor final de $89.617’663.711, cómo es que el contratante cedido aceptó mantener los precios de 2014. Loable, pero también desconcertante que después de seis años se mantenga inalterado el precio final ya mencionado sin que ello suscite glosa alguna por desequilibrio económico del contrato, lo que, bajo el lente de Funcicar, sugiere la natural sospecha de que, presuntamente, pudieron presentarse sobrecostos en las obras.

El Distrito también podría informar cuál fue su análisis en torno de si con la cesión se diluye o no la responsabilidad de funcionarios públicos y/o contratistas, que por culpa o dolo las obras no culminaron en los tiempos planificados de manera inicial. Igualmente, si valoró las demoras por la tramitación ante el Concejo de la in corporación presupuestal de los recursos para cubrir el saldo del precio.

En suma, es probable que la decisión adoptada por el Distrito, de autorizar la cesión del referido contrato, fuera la más acertada; pero las apariencias muestran que otra pudo ser una mejor ruta. En consecuencia, frente a las dudas planteadas, una explicación aún más precisa sobre los puntos puestos en recelo es más que aconsejable.

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