Por si no le faltaran polémicas a la reforma a la salud, ahora la laboral le pone picante al proceso de discusión y aprobación de proyectos de leyes entre Gobierno y Congreso.
Con razón algunos analistas señalan que la laboral es, en realidad, una contrarreforma. Es así, por cuanto deroga las normas venidas con la apertura económica, que introdujeron la flexibilidad laboral, singularmente las de la Ley 189 de 2002 (recorte de horas extras, de la noche laboral y disminución del valor del despido), todo y más de lo que quiere lograr el Ejecutivo con el proyecto.
En realidad, lo que se esperaba de un gobierno autodenominado progresista era una reforma laboral dirigida a la creación de empleo y la incorporación al mundo formal de ese gran porcentaje de colombianos que viven del rebusque, sin prestaciones sociales, singularmente sin capacidad de ahorro ni de cotizar en el sistema de pensiones.
Por el contrario, la contrarreforma laboral (ninguno puede sentirse ofendido porque se le llame así, si la propia ministra del Trabajo admitió que el proyecto presentado al Congreso no fue confeccionado para crear empleos), puede causar un efecto contrario al de la promoción de la estabilidad y la inserción al trabajo formal.
El estudio publicado por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República, coincidente con la opinión de reputados expertos en estos temas, señala que, de aprobarse como está concebida la reforma, se perderán alrededor de 450 mil empleos por cuenta del aumento de los costos salariales que conlleva.
No hay quien discuta los beneficios que puede aportarle la reforma a los trabajadores sindicalizados y a los empleados de la gran empresa, en la medida que promete mayor remuneración y estabilidad en los empleos; pero este mismo efecto será la causa de la salida de cientos de colaboradores fijos en micros, pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de las que existen en el país, esto es, más del 96%. Allí, la subida de costos hará insostenible la permanencia de empleos actuales o la creación de nuevos, con la consecuente concentración de más carga laboral para quienes conserven sus puestos.
La reducción de la jornada laboral, la redefinición del trabajo diurno y nocturno, o los nuevos cálculos para el trabajo dominical y festivo implicarían un aumento promedio en los costos empresariales, de 3,4%, que no afectarán sensiblemente a sectores poderosos, como el bancario, sino al pequeño empresario (ejem: restaurantes, actividades culturales y artísticas) o a sectores que supuestamente tendrán especial protección en este Gobierno, como son todos aquellos vinculados a la industria turística (ejem: miles de prestadores de servicios de alojamiento y hospedaje urbanos y rurales), o el comercio al por menor.
Hay razones para estar preocupados y extenderse en el tema.
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