La contratación pública

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Si hay un tema en que los servidores públicos, los candidatos a cargos de elección popular, los empresarios contratistas del Estado, los electores y ciudadanos en general debemos trabajar más en Colombia, es el de la transparencia en la contratación pública.

No existe otro aspecto del cual dependan más los resultados del prestigio y aceptación de un mandatario elegido por voto directo y su legado de gobierno, que la forma en que haya financiado su campaña, administrado la contratación de obras y servicios públicos, y cumplido con sus compromisos contraídos en el programa inscrito ante la registraduría correspondiente.

De la forma en que haya financiado su campaña depende el grado de autonomía en el ejercicio de su mandato. Cuando los candidatos se hipotecan a casas mercantiles que sufragan los gastos de los procesos electorales, como inversores de ingentes sumas de dinero, una vez posesionado el mandatario indebidamente financiado, está compelido a pagar a sus inversionistas con recursos que no le pertenecen, pues son del erario y, por ende, de todos los ciudadanos.

La hipoteca de la futura contratación estatal por parte del candidato que resulta electo, supone que éste no podrá abrir procesos licitatorios, convocatorias públicas, invitaciones abiertas o privadas, contrataciones directas o cerradas, con criterios de transparencia, economía, objetividad, publicidad, igualdad, planeación y libre concurrencia, sino que buscará las formas de eludir esos principios a fin de satisfacer las exigencias de sus acreedores.

Dicho en otras palabras, los votos eligen, pero no para cumplirle al pueblo, sino a los financiadores de turno.

Esta historia se repite y repite a lo largo y ancho del territorio patrio, con las diferencias propias de región a región, en las que unas tienen políticos y contratistas que entregan las obras prometidas, aunque a costos muy superiores a los que habría pagado el contratante de una obra privada en equivalentes condiciones, y en otras ni siquiera se entregan las obras que se contratan o, si se entregan, son de tan baja calidad que mirarlas produce vergüenza.

En reciente visita a El Universal, el prestigioso profesor Daniel Jositsch, experto en corrupción internacional, cuya entrevista publicamos en la edición de hoy, resalta cómo en todos los sistemas políticos hay expresiones de corrupción, la cual no se fija en ideologías; pero la diferencia entre las naciones desarrolladas y las que están en vías de desarrollo estriba en que en aquellas la corrupción es individual o para ciertos casos concretos, en tanto que en las segundas, como es el caso de Colombia, la corrupción es endémica o generalizada.

A no dudarlo, de lejos el problema mayor del país no es la violencia en cualquiera de sus formas, o el desempleo, o la calidad de la educación o la cobertura de la prestación de servicios de salud. El problema mayor es la corrupción, en la medida que aleja las posibilidades de alcanzar un nivel medianamente aceptable en todos los demás factores de medición de la calidad de vida de los ciudadanos. Es en este tema donde hay que trabajar con ahínco.

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