La Convención de Ottawa

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La Convención de Ottawa sobre Minas Antipersonal, fundamentada sobre el Derecho Internacional Humanitario, se realizará en Cartagena del 30 de noviembre al 4 de diciembre de este año. Es decir, ya casi. Su propósito principal es –por supuesto- la prohibición de estos artefactos, pero también la destrucción de las existencias que pueda tener el Estado, y sobre todo, al desminado de los terrenos sembrados por la guerrilla y paramilitares. La Convención se hizo efectiva en marzo de 1999 (aunque nació en marzo de 1997), adoptada por Austria, Bélgica, Canadá, Irlanda, Filipinas, México, Países Bajos, Noruega, Sudáfrica, Suiza, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Malasia, Nueva Zelanda, Portugal, Eslovenia, Reino Unido y Zimbabue. Hoy hay 156 países que hacen parte de la Convención y deben practicar sus postulados. Sin embargo, aún falta universalizar la Convención, insistir en el desminado, y sobre todo, atender a las víctimas, que son el enfoque principal. Colombia tiene que mantener vivo su interés en los postulados de la Convención de Ottawa, especialmente porque es el país más afectado en el mundo por las minas antipersonal. Nos siguen Camboya, Pakistán y Afganistán. Entre 1990 y 2008, hubo 7.204 colombianos que sufrieron en carne propia –literalmente hablando- la barbarie de estos artefactos. Las estadísticas hasta marzo de este año indicaban que dos colombianos caían víctimas de las minas todos los días. De los afectados, 65,8% son militares, y de los civiles que sufren las minas, 28% son niños. Es indispensable que se pare esta carnicería cuanto antes, y que los países que tienen el “oído” de las guerrillas colombianas las insten a desistir de esta práctica. Colombia ha hecho grandes esfuerzos en contra de las Minas Antipersonal, entre estos, la creación del Departamento de Desminado Humanitario en la Escuela de Ingenieros del Ejército Nacional. También se ha avanzado en la educación de los riesgos de las minas, aunque como dijimos antes, los niños siguen siendo víctimas de dichos adminículos funestos. Cerca de Cartagena, en los Montes de María, se han desminado áreas importantes, como por ejemplo, varios de los pueblos que fueron desplazados forzosamente por los violentos y cuyos habitantes retornaron, entre los que sobresale Bajo Grande, donde hasta las casas tuvieron que pasar por el proceso de desminado, además de las tierras agrícolas aledañas ocupadas hoy por yucales y otros cultivos extensos de pancoger. La maldad de los minadores no conoce límites ni se compadece siquiera con la solidaridad humana fundamental. No se puede concebir el desarrollo de una región como los Montes de María, ni el retorno de sus gentes -si además de la llegada de todos los servicios del Estado, de las actividades de Pastoral Social, del Centro de Fusión, de la Universidad de Cartagena y muchas ONG-, no se erradica también la pesadilla de las minas antipersonal. La próxima Convención de Ottawa en Cartagena no es una reunión más, sino una de gran relevancia. Para los bolivarenses y sucreños montemarianos, el desminado no es sólo una conversación altisonante de salón, sino una necesidad de vida o muerte.

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