La Corte bloqueada

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Para pesar del país, y para escándalo de la Rama, la Corte Suprema de Justicia, por enésima vez, no se puso de acuerdo para superar el estado de bloqueo en que se encuentra, por cuenta de la incapacidad de sus magistrados de escoger el grupo de abogados que deben llenar las 7 vacantes que no se surten desde hace varios meses.

La situación se torna peor en la medida que en pocas semanas dejará su asiento otro de sus togados, con lo cual se reduciría a sólo 15 magistrados el alto tribunal, circunstancia que supondría, entre otras consecuencias, que no se pueda conformar la sala plena para adoptar decisiones de fondo sobre los procesos judiciales que en esa sede cursan, en vista que el quórum mínimo para deliberar y decidir es de 16.

La Corte Suprema de Justicia está conformada por 23 magistrados, que son escogidos por esa institución de las listas que integra el Consejo Superior de la Judicatura. El periodo individual de cada magistrado es de máximo ocho años, situación que ha obligado a que abandonen la corporación varios de estos, por cumplimiento de sus respectivos términos de permanencia, sin que a la fecha se haya podido lograr la designación de sus reemplazos, lo que degenera en que sus cinco Salas (Plena, de Gobierno, de Casación Civil y Agraria, de Casación Laboral y de Casación Penal) se hayan reducido a niveles que no son admisibles en ninguna república decente, si tenemos en cuenta que una de las obligaciones de sus integrantes es escoger a la mayor brevedad a los pares que deben incorporarse para que se ofrezca a la nación cumplida y pronta justicia.

Las funciones de la Corte Suprema están señaladas en la Constitución Política y se refieren, sustancialmente, a actuar como tribunal de casación de los conflictos jurídicos que se tramiten en la Rama Judicial; es decir, a impartir justicia en procesos con esa última instancia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Por eso, ningún otro interés puede estar por encima de ese deber superior, y para eso es que se les retribuye a sus miembros con recursos del erario que no son despreciables, a la vez que supone un altísimo honor para estos, pues el de magistrado de esta Corte es una de las más altas distinciones que los juristas pueden lograr en sus periplos profesionales.

Tienen, además, el deber de juzgar al presidente de la República, a los congresistas, al fiscal General de la Nación y a otros altos funcionarios por los hechos punibles que se les impute, incluidos a los generales y almirantes de la Fuerza Pública, entre otras trascendentes atribuciones que señalan las leyes, por lo que, si no se logra reunir el quórum mínimo para decidir, como podría ocurrir en pocos días, todos los procesos contra aquellos altos servidores públicos correrán la misma suerte que la Corte; es decir, se paralizarán.

Si la Corte Suprema no puede cumplir un deber tan elemental como es el de dotarle al país de los magistrados para adelantar los procesos a su cargo, quiere decir que el actual sistema de cooptación no funciona.

Si la realidad enseña que la actual fórmula es fallida, entonces cambiarla resulta una discusión inaplazable.

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