“El panorama de la salud en Cartagena es desalentador. A los problemas que tiene el sector, ahora se suma que los médicos de los CAP se declararon en paro, según ellos, por el incumplimiento de la ESE Cartagena de Indias en el pago de sus sueldos, la falta de seguridad social y de insumos para trabajar. El Universal conoció que la gerente de la ESE será citada al Concejo para que explique su labor al frente de la entidad”.
El anterior párrafo no es una construcción para este editorial; por eso está encerrado entre comillas. Corresponde a dos apartados de la noticia publicada en la edición de El Universal del 15 de marzo de 2013, tomada aleatoriamente entre múltiples notas que narran la constante de una entidad que tendría que ser protegida por toda la ciudad, pues se refiere a la salud pública, que es, en términos de servicios del Estado, junto con la seguridad y la justicia, el más importante.
Ahora nos enteramos que las cosas no están mejor, aún después de diez meses de una nueva administración distrital, lo cual quiere decir que el problema no es coyuntural ni solo obedece al consabido y tradicional descarrío en el sector salud, pues el gobierno del alcalde Dau no patrocina, conforme con su persistente discurso, actos de corrupción.
El asunto es estructural, relacionado con la forma como está concebida la institución y de cómo se ha manejado, por supuesto, bajo las directrices de la politiquería, desde su constitución.
Por eso, parece una charada la pública discusión surgida entre el jefe de la administración distrital con el jefe de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, en la que uno, el alcalde, conminó públicamente al otro, el director de la ESE, a que asistiera a una entrevista en vivo convocada por aquel para el pasado miércoles con el fin de que diera a conocer cómo avanza el plan para acabar la tercerización en el ente de salud, audiencia a la que el director no asistió, sin que haya ningún tipo de consecuencias.
Sin embargo, el director ha revelado que actualmente hay 58 empleados de planta entre personal médico y administrativo, pero que el resto del personal que labora en la institución es de 891 suministrados a través de una empresa con tal objeto social. ¿Puede haber algo más contradictorio que una institución de salud del Estado niegue a sus trabajadores permanentes la estabilidad laboral? ¿Tiene autoridad el Estado, así sea el local, para exigir de los particulares la observancia de normas que restringen la tercerización laboral cuando es el mismo Estado quien usa las figuras que desprecia y sanciona de los empleadores privados?
Pero ese, el de la tercerización -que es apenas uno de grandes problemas- se resolverá cuando se expida la esperada reestructuración administrativa distrital. El asunto va más allá; y es necesario que se le explique a la ciudad en qué consiste, pues seguro requerirá de soluciones de alta cirugía.
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