El caso del secuestro, tortura y abusos sexuales padecidos por la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo de 2000, cuando fue raptada antes de ingresar a la Cárcel La Modelo a la que acudía para entrevistar a alias ‘el Panadero’, en el marco de una investigación que hacía sobre el control de los paramilitares y la confrontación entre estos y las Farc en ese centro penitenciario, es un ejemplo tristemente emblemático de la impunidad que pesa sobre el sistema judicial colombiano.
Increíble que semejante proceso estuvo prácticamente paralizado por un decenio, pues sólo hasta 2012 fueron vinculados tres exparamilitares, ya condenados, a pesar de que, según los abogados de la periodista, al menos 25 personas participaron como autores intelectuales y materiales.
Esa falta de justicia pronta y completa llevó a que el 3 de junio de 2011 su caso se elevara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), proceso en el cual el Gobierno solicitó que el Estado colombiano fuera declarado inocente en la medida que ha realizado acciones de índole penal, disciplinaria y de protección y reparación, con el fin de salvaguardar los derechos de la víctima.
Las partes de ese proceso no llegaron a un acuerdo y el Estado no acató las recomendaciones que recibió, lo que llevó a que la CIDH remitiera el expediente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde 2019 viene estudiando el caso, el cual pudiera concluir con condena contra Colombia.
El actual Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), tuvo a bien esta semana contactar a la periodista para llegar a una solución amigable, iniciativa que ocurrió después de las críticas que llovieron al director de la Andje, Camilo Gómez, por haberse retirado de la audiencia pública convocada para el pasado lunes, que por esa razón tuvo que suspenderse, retiro que estuvo sustentado en una recusación que el Director de la Agencia hiciera contra los magistrados de esa Corte.
Aun cuando el director Gómez ha dicho que no se trató de una descortesía con la víctima, pues el gesto fue una expresión de protesta por el supuesto prejuzgamiento y parcialidad contra el Estado en ese proceso, el asunto no fue de buen recibo en la comunidad internacional ni en el país, por cuanto este es el primer caso de violencia sexual que llegó a aquella Corte por delitos cometidos durante el conflicto interno, el cual le abre paso a más de 5.000 expedientes de víctimas de horribles ataques sexuales, siendo que hasta ahora sólo hay once condenas en firme, aunque son más de 31 mil, según el Registro Único de Víctimas.
Sería mucho mejor que el Estado se concentrara en la profundización de este caso, y revisar toda estrategia que no ayude a llevar a la justicia hasta el último de los responsables. Que la Andje aproveche para lanzar un mensaje poderoso a favor de estas víctimas.
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