La ventaja que se le dejó tomar a la invasión del lote de propiedad del Ministerio de Minas y Energía, en Mamonal, que parecía mostrar la ausencia de entendimiento sobre la importancia de detener semejante vulneración de la legalidad en uno de los pocos inmuebles que quedan con acceso a la bahía, hacían temer que resultaría imposible su restitución.
Tener una nueva invasión en pleno corazón de la zona industrial habría supuesto sumar otra población expuesta a los riesgos de vivir entre empresas edificadas previamente y, por ello, no proyectadas para compartir suelo con residencias familiares, sin descontar la promoción de nuevos bloqueos dirigidos a atraer la atención de un Estado indiferente a las necesidades sociales, lo que suele derivar en las presiones, mediante vías de hecho, para exigir que las empresas en la zona industrial -esencial para Colombia-, resuelvan las obligaciones que los entes oficiales no están interesados en despachar.
Por fortuna, esta vez funcionó el Estado de Derecho; el lote fue recuperado bajo la destacada acción de las autoridades locales en cabeza de la Secretaría del Interior.
Tras los traumatismos que se vivieron quedaron claras algunas cosas.
La primera es que habría sido más económico y menos traumático para las familias que fueron timadas por los invasores profesionales que estaban detrás de esa movida ilegal, quienes presuntamente les habrían “vendido” lotes dentro del valioso inmueble, ya recuperado, que se hubiera actuado a tiempo, dentro de las 48 horas siguientes al inicio de la usurpación -tal como se contempla en el Código de Policía-, hipótesis en la que habría funcionado el Estado Social de Derecho, pues se habría impedido un daño a las familias vulnerables que creyeron en la palabra de los promotores de la invasión, y se hubiera aprovechado para identificar prontamente a los jefes de hogar para las correspondientes soluciones de vivienda que esas familias reclaman.
La segunda, se probó que para detener una invasión solo faltan diligencia, voluntad estatal y entendimiento del valor de la propiedad (privada o pública). Cuando se ve lo que se hizo en este caso, aunque con la inicial pero evitable dilación, cabe preguntarse por qué otros inmuebles no corrieron similar suerte. Aunque el Estado (local y nacional) ha obrado aquí con determinación, ¿por qué en otros casos ha dejado que las invasiones cogieran fuerza hasta consolidarse, incluso ante el ruego de respuesta por parte de sus propietarios o poseedores? ¿Podría interpretarse que hay una mirada discriminatoria cuando se trata de bienes privados?
Las autoridades civiles y de policía responsables de atender las querellas por invasiones tendrían que ser conscientes del detrimento patrimonial que la inacción le irroga tanto al Distrito como a propietarios y a las familias engañadas por invasores profesionales.
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