Cuatro casos en una semana, en que la comunidad desesperada ha intentado hacer justicia por su propia mano, demuestran hasta qué punto la inseguridad ha martirizado a los habitantes de Cartagena, que se sienten desamparados por las autoridades.
El martes al mediodía, dos presuntos sicarios, entre ellos una mujer, fueron perseguidos por una turba de motociclistas después de que balearan a 4 personas en el sector La Puntilla del barrio Olaya Herrera. De no ser por la Policía, ahora estarían muertos.
El sábado pasado, en la madrugada y la tarde, otros 3 presuntos ladrones resultaron apaleados a manos de ciudadanos, al ser sorprendidos cuando ingresaban residencias a cometer robos.
Ayer se repitió el hecho en San Fernando.
La mayoría de los sondeos de opinión que se han hecho en Cartagena el último año muestran un común denominador: el escepticismo en torno al papel represivo de la Policía, la desconfianza en el aparato judicial, incluyendo a fiscales y jueces, y la preocupada percepción de que los delitos están aumentando bajo el amparo de la impunidad y la insuficiente vigilancia.
En estas condiciones, la única salida que percibe la gente son las acciones de prevención y de represión promovidas por los mecanismos de cohesión internos de la comunidad.
En los entornos seguros esta iniciativa ciudadana contra el crimen es un elemento valiosísimo que se complementa con una fuerza de policía que reacciona rápida y contundentemente y un aparato judicial eficaz, drástico e impermeable al soborno de la delincuencia.
Cuando no existe la certeza de que tanto la policía como la justicia están cumpliendo con su deber con la dedicación necesaria, pronto sobreviene la impotencia que impide la colaboración plena con las autoridades, y luego la desesperación que mueve a la gente comportamientos de autodefensa extrema que pueden volverse peligrosamente abusivos.
En los últimos años se ha querido aplicar aquí el concepto de percepción de inseguridad para explicar la desesperación ciudadana, como si el asunto fuera cuestión de paranoia colectiva en lugar de la dramática realidad de la que dan cuenta las aterradoras cifras del aumento de los delitos que publica frecuentemente el COSED.
Objetivamente, la inseguridad está creciendo en Cartagena, y al no sentirse respaldada por las autoridades, la comunidad manifiesta su desespero y su miedo, agrediendo sin límite a los delincuentes, proceder injustificable, pero perfectamente explicable.
El hecho que entre el martes pasado y ayer domingo, 7 presuntos delincuentes han sido linchados por ciudadanos en diferentes sectores de Cartagena, como San Fernando, Olaya Herrera, Canapote o Tacarigua, debería poner a pensar a las autoridades en la necesidad de replantear sus estrategias contra la delincuencia, y al poder judicial debería convencerlos de que su tolerancia con los delincuentes terminará por convertirlos también en víctimas.
Comentarios ()