La Ley empanada

25 de junio de 2019 12:00 AM

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La aprobación en el Congreso de la República del proyecto que rápidamente se denominó “Ley empanada”, y está en manos del presidente Duque para su sanción, es un ejemplo de cómo se puede convertir la adversidad en una oportunidad provechosa.

Quién iba a imaginar que la multa por 800 mil pesos a una persona que compró una empanada a un vendedor informal en el marco de un operativo de control de espacio público, iba a generar una norma especial para quienes ejercen la economía callejera, que se calcula en al menos un millón de colombianos.

La indignación que causó la sanción al comensal que se rebeló contra las medidas de Policía fue recogida por el partido Mira, que sin dificultades logró el acompañamiento de distintos partidos y movimientos en el Congreso, el cual ha expedido la Ley empanada con el objeto de brindar oportunidades laborales a los vendedores ambulantes, ofrecerles locales comerciales para la incorporación a la formalidad, proveerles capital semilla para sus emprendimientos, reunir fondos para que gocen de una vejez más tranquila con los recursos que estos aporten por usar el espacio público, recibir capacitaciones en oficios apropiados para sus realidades, todo lo cual será complementado con un censo nacional para conocer cuántos vendedores ambulantes realmente hay en el país.

El proyecto, que pronto se convertirá en ley, salvo que el presidente la objete total o parcialmente, implica la conjugación de derechos que muchas veces entran en conflicto, como los de obtener el mínimo vital por medio de la venta en el espacio público, de una parte, y de la otra, garantizar a todos el uso y disfrute ordenado del espacio público.

Nadie duda de la gran trascendencia que tiene esta nueva norma, especialmente en ciudades como Cartagena, donde los vendedores ambulantes en las playas, plazas, calles y demás espacios públicos, son los principales protagonistas. En nuestros lares, la relación entre pobreza y turismo produce el vertiginoso crecimiento de la informalidad.

Las playas de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Marbella y la Zona Norte conocen desde hace años los conflictos entre la industria turística formal, los habitantes o vecinos de estos sectores, y el notable crecimiento de vendedores y prestadores de servicios de carácter informal.

Por cuanto las playas son públicas, los vendedores ambulantes y, en general, la economía informal, encuentra en esos espacios las fuentes de sostenimiento que, por causa de su débil formación académica, no pueden hallar en otros renglones de la economía local.

Con la nueva Ley empanada, esos conflictos pueden o agravarse o solucionarse.

El volver esta ley una oportunidad dependerá del liderazgo y buen tino de los gobiernos distrital y nacional, de los concejales y los representantes del sector turístico, quienes deben discutir con los voceros de las asociaciones de vendedores informales, las estrategias para que la implementación de la ley opere con eficiencia, sostenibilidad y bienestar colectivo en la bella Cartagena.

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