La libertad de expresión es sagrada

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Esta semana ha sido pródiga en hechos que ponen sobre el tapete el concepto de libertad de expresión, desde las medidas gubernamentales contra la prensa en Venezuela y Ecuador, hasta el escándalo de una valla de Francisco Santos, que equipara como criminales a un capo y un comandante guerrillero.
También continuó el debate sobre los trinos de Uribe contra el proceso de paz, mientras columnistas, políticos y opinión pública se trenzaban en una feroz discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la cual los defensores y detractores coincidían en una sola cosa terrible: los medios no deben abrir sus espacios a los que cada parte considera inadecuados e indignos, ya sea  por moralistas, conservadores, intolerantes y discriminadores; o libertinos, pervertidos e inmorales.
Este gran debate nacional, con el tema de la paz o el del matrimonio igualitario, ha sacado a flote que en Colombia todavía hay un enorme segmento de la población intolerante y autoritario, que sólo considera válidos sus propios principios y desconoce o rechaza a cualquiera que los ponga en duda.
Lo más triste es que tal actitud no es solo de quienes tradicionalmente se han opuesto a los cambios sociales y luchan por el mantenimiento de dogmas y esquemas moralistas y represivos. También aquellos que se declaran libertarios, partidarios de la inclusión y de la tolerancia hacen gala de la más intolerante de las posiciones: negar el derecho de los primeros a opinar.
Uno puede criticar y rechazar el mensaje de las vallas de Francisco Santos, tildarlas de incitadoras a la violencia o de intolerantes, pero no puede exigir que sean retiradas porque estaríamos actuando como intolerantes, abusivos y enemigos de la convivencia social.
Mientras no impulse y recomiende actuaciones ilegales, Francisco Santos tiene todo el derecho de manifestar su opinión a través de cualquier medio.
Igualmente, esas voces indignadas de quienes defienden con argumentos sólidos y legítimos los matrimonios entre personas del mismo sexo, arremetiendo contra quienes no los aceptan, son válidas, excepto cuando exigen que no se les permita expresar sus objeciones.
Podemos rechazar las declaraciones del Procurador, refutarlas y calificarlas de trogloditas y discriminatorias, pero jamás podemos reclamar que se le impida expresarlas.
Tampoco que a los invitados a la plenaria del Senado para exponer sus argumentos contra la reglamentación de los matrimonios igualitarios se les silencie y se pida que no vuelvan a dejarlos hablar.
Las posiciones libertarias y políticamente correctas no llegan únicamente hasta propugnar por la inclusión y la tolerancia, sino que deben incluir el respeto a las posiciones contrarias, aunque sean retardatarias e intolerantes, porque de otra manera estarían contradiciéndose en la esencia misma del asunto.
Voltaire lo expresó perfectamente: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo”.

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