Es lo más probable que en el proceso de licitación de obra 002-2019 SED que adelanta la Secretaría de Educación Distrital haya la mayor transparencia. No es posible afirmar que está signado por la mala fe, pues eso atentaría contra el buen nombre de los funcionarios de la entidad y de la presunción de inocencia.
Sin embargo, en tiempos donde la sospecha se cierne sobre los concursos públicos de selección de contratistas, y la justificada desconfianza ciudadana ha sustituido a la fundante credibilidad en las instituciones, los servidores públicos tienen que hacer un mayor esfuerzo no solo para ser honorables sino también para parecerlo.
Y no se trata de un asunto de elección de conducta ni mucho menos del fuero subjetivo. Es que la ley trae unos principios que sirven de guía o complemento a los valores de la moral personal para evitar caer en errores de buena fe o en la trampa de la tentación de don dinero o en la subordinación indigna al jefe político de turno quien ordena desde su casa lo que hay que hacer con los presupuestos.
En la preparación de pliegos y los actos subsecuentes a la publicación de los mismos, así como la selección de los adjudicatarios, juegan obligatoriamente (y no es una opción para el funcionario), la necesaria observancia de los principios de planeación, previsibilidad, transparencia, economía, selección objetiva, publicidad, libre concurrencia, entre otros.
Funcicar, a través de su laudable programa Vigila Cartagena, desveló observaciones a la referida licitación, cuyo objeto es contratar las obras de reparación, adecuación y mantenimiento correctivo de las instituciones educativas públicas distritales, que fue abierta hace solo un par de semanas, por valor de $3 mil millones de pesos.
El examen crítico de Funcicar señala la ausencia de planeación que justifique la inversión objeto del proceso y delimite el alcance del mismo; la no formulación o publicación de estudio del sector; o de indicadores financieros no justificados; y limitantes injustificadas para la pluralidad de oferentes.
Las referidas observaciones son tan palpables que la Procuraduría Provincial prontamente notificó al Distrito que inició una acción preventiva en la cual hará seguimiento a ese proceso, invitando al alcalde a revisar los procedimientos que se llevan a cabo dentro de esa licitación para garantizar la observancia de principios de la contratación pública.
Por su parte, ha hecho bien el alcalde Pedrito Pereira en anunciar que espera un informe de la Secretaría de Educación en el cual se sustenten de manera detallada las inconsistencias planteadas por Funcicar.
Lo ocurrido en este caso también es un llamado a todos los empleados distritales, y a sus jefes políticos, sobre la necesidad de respetar los postulados de la legislación de contratación pública, así como para los empresarios privados que aspiran a aportar sus conocimientos, fuerza de trabajo y recursos físicos para facilitar el cumplimiento de las funciones públicas.
Veremos qué pasa en este caso y sus replicables repercusiones.
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