La mediocridad política

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El procurador general de la Nación aseguró este viernes que la lista de inhabilitados crecerá, con lo cual no podemos descartar que otros candidatos salgan de la contienda electoral.

Los que nos trae al escenario de amargas memorias y sombrías posibilidades. Amargas, si recordamos todo lo que le ha pesado a la ciudad la elección de candidatos elegidos bajo el riesgo de inhabilidades que se discutieron públicamente. Ni en los electores ni en los elegidos y sus patrocinadores hubo la prudente valoración de las probabilidades de que la justicia acogiera las tesis que finalmente se impusieron, como tampoco de las nefastas consecuencias de declaratorias de inhabilidad ni para aquellos ni para estos.

Sombrías posibilidades, si los temores de que alguno o algunos de los actuales candidatos pudieran estar inhabilitados y solo se declaren esos impedimentos después de elegidos. Pero en la política local las pasiones y los intereses se superponen a la razón.

Como en la historia de las ideas esta realidad se manifestó desde los albores de la construcción de todo orden social, el antídoto más evolucionado contra el caos, la anarquía o la dictadura fue la creación de los partidos políticos como organizaciones destinadas a la conquista y preservación del poder bajo parámetros aceptables de ética pública. Pero, como toda construcción social, llegaron a su periodo de crisis. Y en nuestro país esa crisis de los partidos alcanzó su tope con la pusilánime gestión del Liberal y el Conservador, que no han podido recuperar sus fueros de gloria.

Pero en nuestro medio, la crisis no es tanto de los partidos, como la ausencia de estos. Y los movimientos que se gestaron para sustituirlos, en su mayoría, no han llenado adecuadamente los espacios que aquellos traicionaron por intereses subalternos. La feria de avales en el actual debate electoral es la prueba soberana de que no pocos partidos y movimientos son fábricas de productos de uso político, a cambio de contraprestaciones inconfesables.

En el fondo, lo que hay es una miopía moral que incapacita para suponer que la política necesita de la ética. La mercantilización de la política nos ha llevado a un extremo de pobreza moral que nos está costando demasiado. ¡Y todos somos responsables!

Si toda actividad política supone una acción moral, puede comprenderse por qué la calidad del tejido social de nuestra ciudad y de la región es tan débil. Y si el bien común es el fin moral de la política, y en nuestro medio este axioma ni siquiera es una idea a considerar, es imposible que la comunidad en su conjunto conozca la conveniente interrelación entre ética, servicio público y progreso social.

La ausencia de códigos morales en la política cartagenera y regional, hacen que el espacio participativo sea una farsa, que se nutre de la ignorancia, de la emotividad, de la necesidad y de las conveniencias. Por eso, no bastarán declaratorias tempranas de inhabilidades si no se acompañan de una mejora en la calidad ética de los ciudadanos, lo que pasa, necesariamente, por la de sus dirigentes y los candidatos que nos proponen.

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