Editorial


La protesta anunciada

“Es absurdo ese comportamiento de nuestras autoridades nacionales en torno del fenómeno del mototaxismo, que se niegan a abordarlo como una realidad...”.

EL UNIVERSAL

16 de enero de 2022 12:00 AM

Desafiante el mensaje que un vocero de grupos de mototaxistas lanzó a la ciudad el miércoles, en el cual anunció para mañana protestas contra las medidas adoptadas por el Distrito, fincadas en dar orden a la movilidad y mejorar la seguridad vial.

El presidente de la Asociación de Motociclistas afirmó que la manifestación se iniciará a las 5 de la madrugada de mañana en Patio Portal y se extenderá a varios puntos de la ciudad. Esa afirmación no contiene ninguna trasgresión por cuanto es legítimo protestar. Lo desconcertante, pues supone un reto contra todos los que no participarán en la protesta, es que el anuncio se haya acompañado de amenazas e intimidaciones no solo contra la autoridad, sino también contra el resto de ciudadanos. Afirmar, por ejemplo, que “Transcaribe no saldrá esa mañana” es ni más ni menos que una confesión de la asociación para un delito tipificado en el código penal, intención que fue ratificada con la afirmación de que “... La idea es bloquear Cartagena y sus áreas metropolitanas...”.

Sorprende también la afirmación en cuanto a que no aceptan que se les prohíba circular en alguna vía de la ciudad, sustentados en que “... Tenemos derecho a circular por todas las vías”, con lo cual el vocero de mototaxistas parece confundir dos realidades que se contraponen: por un lado, el legítimo derecho a protestar, pacíficamente; y por el otro, el afirmar que tienen “derecho” a “circular por todas las vías”, cuando es sabido que tal derecho no ha sido reconocido por el Estado ni por algún juez o tribunal de justicia, en la medida que el transporte público por medio de motos está excluido de la legislación colombiana.

Y ese es el principal problema. Sigue siendo absurdo ese comportamiento de nuestras autoridades nacionales en torno del fenómeno del mototaxismo, que se niegan a abordarlo como una realidad fehaciente, concreta, de sobrevivencia frente al desempleo juvenil, aupada no solo por la ausencia de políticas regionales hacia el empleo y la vinculación de los jóvenes a la vida laboral, sino también por el patrocinio que, contra la ley, ofrecieron y animaron autoridades y políticos locales, en su momento, para que esta actividad irregular creciera sin propósito real de contención, a pesar del enorme peligro que representa para la salud pública y los problemas adicionales que irroga al servicio organizado de transporte público.

No es admisible que un grupo de personas, por más numeroso que sea, apele al legítimo derecho a protestar, para conculcar, deliberada y premeditadamente, los derechos de los demás habitantes. Y si a eso se le acompañan expresiones que indican una altivez que raya en el irrespeto y desconocimiento de la autoridad y las leyes vigentes, solo pueden recibir el rechazo ciudadano.

Las alternativas legítimas son ejercer el derecho a protestar pacíficamente e insistir en las negociaciones en curso.

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