Contra la tradición republicana, de esperar los primeros 100 días para calificar el arranque y perfil político de un nuevo gobierno, este lunes un nutrido grupo de colombianos, tanto en suelo patrio como en el exterior, salieron a exhibir su inconformismo contra la administración de Gustavo Petro.
Precisamente por la ausencia de espera en el transcurrir de esos tradicionales 100 días, era altamente probable que las marcha fueran un rotundo fracaso. No fue así.
Contra todo pronóstico en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y Cartagena gentes que no comparten la visión del nuevo gobierno salieron a protestar en número mayor al que se auguraba.
El centro de la inconformidad de los participantes se fijó en la propuesta de reforma tributaria, el alza en los precios de la gasolina, y los anuncios sobre las futuras reformas pensional y al Sistema de Salud.
Varias lecciones dejó esta, que fue la primera experiencia de protesta contra un gobierno de izquierda en Colombia, de entre las cuales se pueden mencionar las que siguen.
Con respeto a las reglas democráticas y constitucionales, el Gobierno nacional observó la organización y trasegar de las protestas, sin que se presentaran restricciones al libre ejercicio de este derecho fundamental, salvo una errática referencia del presidente Petro, que después supo corregir, en tanto que afirmó desde Estados Unidos que sus opositores tenían todo el derecho a marchar, pero agregándole la inadecuada afirmación de que “el problema es que ellos ocasionaron el problema”.
Fue errática porque lanza una mirada a los cientos de ciudadanos que no “ocasionaron el problema”, ciudadanos comunes y corrientes que no deben ser confundidos con políticos, contratistas y dirigentes que han contribuido a males que auparon el cambio en el péndulo de ideológico y social que llevó al Pacto Histórico al poder.
Y esa fue otra valiosa lección. Tanto los organizadores como los participantes dieron ejemplo de ejercicio responsable del derecho a la protesta, pues no supusieron, mayoritariamente, una carga pesada a quienes se abstrajeron de hacerlo. Las molestias al resto de ciudadanos fueron mínimas, y la observancia al respeto de los bienes públicos y privados marca una línea sobre cómo deberían ser las marchas que se han vuelto rutinarias en todo el país.
No faltaron, por supuesto, los baches, singularmente en Bogotá, con ocasión de enfrentamientos verbales entre protestantes y seguidores del nuevo Gobierno; o los empellones e insultos al reportero Marcos Madrigal y el camarógrafo Carlos Tamayo en Medellín; o las odiosas y reprochables expresiones que, al menos una de las manifestantes hizo sobre el color de piel de la vicepresidenta Márquez y otras ofensas, lo cual merece no solo la desaprobación contundente de los ciudadanos, sino la correspondiente sanción judicial.
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