Editorial


La reforma al código civil

“No parece conveniente que en una reforma a la legislación civil se derruyan las garantías de la propiedad privada individual”.

EL UNIVERSAL

18 de octubre de 2020 12:00 AM

A inicios de septiembre la Universidad Nacional presentó una propuesta de reforma del código civil que ha generado revuelo en los mundos académico, político y empresarial, básicamente porque incluye artículos que fijan una visión controversial sobre la propiedad privada a partir de conceptos sobre su función social en los tiempos de la denominada “constitucionalización del derecho” y, singularmente, del derecho privado.

Las primeras discusiones han sido agrias, pues se han centrado en las reformas que dan un giro polémico al concepto de derecho de propiedad. Se teme que la reputación de país inseguro jurídicamente aumente, llevando a que inversionistas nacionales y extranjeros prefieran mudar sus capitales a naciones normativamente más estables.

Las propuestas que más han generado aprensión están en artículos incluidos en el Título IV, que regula la propiedad privada. Sin ánimo de discutirlos en este editorial, pues no hay espacio para tratarlos con el rigor que ameritan, lo cierto es que varios de sus apartados generan caminos de interpretaciones ambiguas, que pueden ser muy justas en manos de jueces sensatos, pero también devastadoras en las de un juzgador demasiado creativo.

Los más duros críticos de la propuesta de reforma plantean que varios de sus artículos lo que contienen es una reforma constitucional simulada, modificatoria del derecho de propiedad privada y del modelo económico colombiano que propugna y protege la Carta de 1991.

La discusión vale la pena de cara a la vieja aspiración de lograr la unificación de las legislaciones civil y comercial, de cuya primera aproximación -la Ley 222 de 1995- quedaron frutos afortunados. Y debe aprovecharse la oportunidad para delimitar con claridad los propósitos que se guisan detrás de estas propuestas, cuando paralelamente a lo que pretenden los autores del texto formulado por la Universidad Nacional hay líneas de pensamiento que propugnan porque el derecho privado continúe protegiendo la autodeterminación del individuo a partir de la autonomía privada de la voluntad, y que las limitaciones a las potestades de la persona individualmente considerada, relativas al abuso en los medios de producción, tales como los monopolios y demás prácticas restrictivas de la libre competencia y la protección de los derechos de los consumidores, se conserven como normas del derecho público.

No parece conveniente que en una reforma a la legislación civil se derruyan las garantías de la propiedad privada individual, sustrato básico del sistema occidental, liberando al Estado, por una vía equivocada, del deber de proveer con impuestos progresivos y justos, administrados con decencia, los medios mínimos de subsistencia, educación, vivienda digna y prosperidad para los más débiles.

Si lo que se pretende es restringir la propiedad ociosa, hay mejores alternativas, algunas ya existentes, como las de castigar con impuestos mayores los inmuebles de engorde o los muebles suntuosos, o las expropiaciones con la compensación del justiprecio.

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