El Ministerio de Trabajo presentó el proyecto de reforma laboral ante el Congreso después de discutirlo con varios sectores, principalmente con gremios y sindicatos.

La reforma, de ser aprobada sin cambios importantes, supondrá el cumplimiento del anhelo de las centrales sindicales por varios lustros y, a su vez, la concreción de viejas preocupaciones de los empleadores. Aquí no nos referiremos entonces a la serie de beneficios hacia los empleados que procura su texto, sino sobre las inquietudes que plantea.

En tal sentido, la concertación lo fue más con los sindicatos que con los empresarios. De hecho, el texto que se radicó el jueves por el Gobierno guarda las líneas básicas de las propuestas formuladas por estos en el pasado y prácticamente ninguna en relación con las planteadas por la Misión de Empleo de 2021.

Esa Misión de Empleo propuso modificaciones dirigidas a procurar la vinculación, al mundo del trabajo formal, a la población vulnerable y a la que conforma la economía informal. Por el contrario, mayores rigideces como las que plantea la reforma presentada pueden tener un efecto adverso al que se quiere buscar, en la medida que restringiría la contratación de trabajadores con limitaciones o de otras situaciones específicas.

Contrario a lo que se indicó por la Misión de Empleo, la multiplicación de los costos de contratación y permanencia que supone el proyecto, beneficiarían a un menor grupo del mercado laboral, esto es, la de los trabajadores formales, lo cual desconoce las realidades nacionales.

En efecto, si bien es cierto que lo que se persigue es que los trabajadores accedan a trabajo formal, decente y saludable, y que la reforma procura la recuperación de derechos que se eliminaron o redujeron en cambios legislativos anteriores, es posible que el empeño en ampliar la cobertura de la afiliación al sistema social y otros beneficios de los que disfrutan los trabajadores formales, al enfocarse en este segmento de la población económicamente activa, la reforma solo cubriría al 41% de los trabajadores que ganan más de un salario mínimo y trabajan 48 horas a la semana, dejando por fuera a una gran mayoría, singularmente a quienes no están revestidos del contrato individual de trabajo.

La reforma también omite otros temas que se consideran cruciales, como el de la productividad laboral, en el que nuestra nación ocupa el segundo peor indicador de los países comparables; o el de una política para la generación de empleo. En tal sentido, se concentra más en la estabilidad, esto es, en lo que ya está formalizado o contratado, que en las posibilidades que ofrecen nuevas alternativas de contratación, que ampliarían la vocación de nuevas plazas de trabajo, incluida la vinculación por horas, comunes en las relaciones de trabajo en otros países.

En suma, es de esperar que en el Congreso haya espacio para estas discusiones.