Editorial


La revocatoria del alcalde

De otra parte, tampoco es congruente una reacción de displicencia, burla o desprecio del alcalde hacia los promotores de esa iniciativa.

Ayer se inició formalmente el proceso de revocatoria de mandato del alcalde William Dau, con la inscripción del comité promotor de la iniciativa, denominado ‘Cartagena Corrige’.

La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminada la representación que le han conferido a un gobernante en desarrollo de la figura del voto programático; y es propio del buen talante republicano ponderar positivamente las iniciativas ciudadanas que estén inspiradas en el legítimo ejercicio de las figuras relativas a los mecanismos de participación de origen popular, como el cabildo abierto, el referendo, la consulta popular y la que estamos comentando, así como promover, proteger y deprecar de las autoridades que se garantice el ejercicio de las distintas modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y las dirigidas a controlar el poder político.

Sin embargo, en este caso, y a pesar de que son notorias las quejas ciudadanas contra la actual administración –como así se han difundido desde nuestra páginas– por la débil ejecución del programa de gobierno y también por el comportamiento o modales públicos del alcalde Dau, tan reprensibles, tiene sentido que los promotores de la iniciativa revisen si la actual, imprevisible y extraordinaria emergencia causada por el coronavirus es o no una causal eficiente para considerar un mayor grado de comprensión de las razones que han demeritado la gestión del burgomaestre, como ha ocurrido con buena parte de los mandatarios en el orbe.

No es lo mismo aquilatar la gestión de un gerente si la valoración se hace en situaciones normales, que si se juzga frente a un evento grave y prolongado de fuerza mayor como es la actual pandemia. Adicionalmente, no es claro si resulta conveniente ejercer ese derecho de participación ciudadana en medio de esta situación excepcional, máxime si consideramos una verdad incontrastable: estos procesos de revocatoria, debido a su regulación, nunca prosperan, con lo que ello supone en pérdida de energía, recursos, inestabilidad política y credibilidad ciudadana en esta figura.

Pero, de otra parte, tampoco es congruente una reacción de displicencia, burla o desprecio del alcalde hacia los promotores de esa iniciativa. Por el contrario, es sensato que el equipo de gobierno revise las razones que estos esgrimen para identificar cuáles de sus argumentos tienen alguna base o justificación. Ese ejercicio de autocrítica, a partir de los reproches ajenos, sobre todo en materia política, resulta muy provechoso. De hecho, revisar uno a uno los cuestionamientos puede dar pie a una respuesta de fondo por parte del alcalde, que envíe un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos en torno de lo que se puede esperar en lo que resta de su mandato.

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