Editorial


La suspensión del alcalde

“La polémica decisión, que nos devuelve al traumático ciclo de interinidades que ha caracterizado a la ciudad en los últimos lustros, fue matizada con la afirmación del...”.

EL UNIVERSAL

01 de junio de 2022 12:00 AM

Parece muy sintomático de la crisis de gobernanza por la que discurre Cartagena de Indias que, justo el día en que conmemoramos los 489 años de su fundación, está a las puertas de volver a padecer la interinidad en el primer cargo distrital.

Cuando se conoció de la suspensión de la directora del Dadis, la ciudad no sospechaba que detrás de esa determinación adoptada por la Contraloría Distrital estaba en camino una solicitud de suspensión del alcalde William Dau. La petición fue hecha por la Contraloría Distrital mediante la Resolución 164 del 23 de mayo de 2022, la cual apenas se conoció la noche del viernes.

La orden de suspensión dirigida al Presidente de la República se produce en tanto se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal por supuestas anomalías en el contrato N° S.A-SUB-DADIS-UAC-047-2021, que tuvo por objeto la adquisición de pruebas antígenas y RTPCR de laboratorio para la detección del COVID-19, lo cual le habría propinado al erario un detrimento de aproximadamente $1.098 millones.

La polémica decisión, que nos devuelve al traumático ciclo de interinidades que ha caracterizado a la ciudad en los últimos lustros, fue matizada con la afirmación del ciudadano Álvaro Ganem Issa, quien figura como denunciante en los hechos descritos por la Contraloría, en cuanto a que no realizó tales denuncias ante el ente de control, de lo cual la Contraloría Distrital aún no se ha pronunciado.

La reacción del alcalde Dau no fue inferior a como se esperaba conforme con su talante polemista y burdo, denunciando con palabras innecesariamente soeces el presunto contubernio de sus detractores políticos por su lucha contra la corrupción, y la violación de la voluntad del pueblo que lo eligió democráticamente en 2019.

El por él cuestionado contralor Distrital ha adoptado la medida para evitar que el alcalde “pueda eventualmente afectar, entorpecer y/o obstruir la investigación fiscal que se adelanta, o para evitar que continúe presuntamente comprometiendo o poniendo en riesgo aún más los recursos del Distrito”.

Estamos frente a una situación esperada. La declaratoria de guerra hecha por el alcalde al contralor, la concejal Gloria Estrada y su coalición suponían una reacción ineludible.

Pero lo importante del caso es que: (i) se investigue con transparencia y rigor si el alcalde incurrió en el detrimento que se le endilga; (ii) que lo investigue una autoridad que no esté deslegitimada frente al encartado, pues es verdad sabida buena fe guardada que el contralor no puede tener la imparcialidad para ocuparse objetivamente de este caso; y, (iii) que una autoridad superior asuma las investigaciones que, contra el alcalde, cursan en la Distrital.

Entre tanto, que el alcalde se comporte como un funcionario público y no como un soberano chabacano y autoritario sin respeto de las formas propias de la sana conducta republicana.

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