De buen recibo la visita del pasado 23 de mayo, de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, y de la representante especial sobre violencia sexual en conflictos, con quienes nuestras autoridades evaluaron las estrategias implementadas en la ciudad contra este horrendo crimen transnacional.
Las representantes de Naciones Unidas tuvieron la ocasión de escuchar testimonios de víctimas de este delito. Se espera que las conclusiones complementen los planes de acción que viene preparando el Distrito, algunos de los cuales están en ejecución.
De acuerdo con Claudia Yurley Quintero, coordinadora del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas en Cartagena, a pesar de que estamos padeciendo un fenómeno mundial, en la ciudad la vulnerabilidad está relacionada con el turismo y la desigualdad.
Es cierto que los cartageneros repudiamos la explotación sexual como una nueva e inadmisible forma de esclavitud; pero los hechos que están a la vista de todos quienes visitan, por ejemplo, el Centro amurallado de noche, o algunos de nuestros barrios, en todos los estratos, o las playas en horas vespertinas, donde podrán encontrar decenas de ejemplos de cómo se despliega este crimen a cielo abierto; ¡puede uno imaginarse todo lo que está ocurriendo a puerta cerrada, incluso en los barrios más residenciales!
Está bien que se reorganice el Comité de Lucha contra la Trata como consultivo interinstitucional de respuesta al delito, fortaleciendo estrategias probadamente exitosas, como ‘La Muralla Soy Yo’, que tanto beneficio ha traído, singularmente por el apoyo irrestricto de los hoteles, residencias, hostales, restaurantes y demás establecimientos de comercio agrupados en los gremios de la industria turística.
Los entornos seguros que procuran programas como ‘La Muralla Soy Yo’ tienen que expandirse a toda la urbe, así como deben profundizarse los que están dirigidos a la protección de las víctimas de la esclavitud sexual.
El proyecto de humanización de los funcionarios que están encargados de brindar servicios oficiales, así como la asistencia tecnológica para robustecer las capacidades de judicialización, deberían ampliarse al sector privado, de tal manera que se geste una agrupación generalizada y poderosa que desincentive este negocio criminal en nuestro medio.
Pero se requiere aún más esfuerzo de las autoridades de policía y judiciales, para desarticular a las bandas de explotadores sexuales y a todo aquel que obtenga provecho económico o cualquier otro beneficio mediante la prostitución ajena y las demás formas de explotación, incluidos trabajos o servicios forzados, la mendicidad ajena, entre otros.
Como esta es una lucha contra poderosos carteles, solo la unión y el concurso de todos los actores sociales podrán hacerles frente a los explotadores.
Comentarios ()