La vicepresidenta

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En el editorial de ayer solicitamos del Gobierno nacional pronunciamiento sobre la posibilidad del aplazamiento del proceso de contratación para la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural sumergido del Galeón San José, ante las dudas que se han generado por el posible detrimento al patrimonio cultural de la Nación que supondría la asignación, en las condiciones que se encuentran planteadas, a una empresa extranjera, del esperado proceso de recuperación del inestimable tesoro.

Hoy corresponde reconocer la acertada y oportuna decisión comunicada ayer mismo por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, de prorrogar la suspensión del proceso de contratación actual con el fin de identificar las posibles y mejores fórmulas legales para lograr que todas las piezas que se recuperen del Galeón, permanezcan en Colombia como patrimonio de todos los colombianos, así como se pedirá al Consejo de Estado un concepto para aclarar algunos aspectos del proceso originado por la empresa que propuso la asociación público privada.

La ciudad y, de seguro, todo el país, amanecen tranquilos con esta decisión, que no solo le otorga transparencia a un proceso duramente cuestionado por la academia, universidades nacionales e internacionales, afamados arqueólogos e historiadores, entre otras voces no menos importantes, sino que muestran el talante del Gobierno y abrigan la esperanza de que ese patrimonio conserve su unidad y su tratamiento como bien sin valor tangible.

El pronunciamiento liderado por la vicepresidenta coincide con su carta a los líderes cartageneros, expedida el 4 de marzo, en la que resume las actividades que ha venido coordinando con el alcalde (e) Pedrito Pereira para lograr una Cartagena sostenible, con énfasis en la lucha por la transparencia y por la erradicación de la pobreza extrema, por encargo que le hiciera el presidente Duque, y en el marco del “Pacto por Cartagena” que fue firmado con líderes sociales, gremiales y comunales.

Se sabe que algunos sectores han exhibido resistencia a la presencia activa de la señora vicepresidenta en la ciudad, porque perciben en tal gestión una indebida intromisión en las competencias del gobierno distrital. Aun cuando en principio, por razones de tradición republicana esto pudiera tener sustento, en la práctica, frente a la debilidad institucional de la administración local por razones de todos conocidas, pierde sentido si consideramos que sería un error despreciar todo apoyo que provenga del Gobierno central sabiendo que, por el contrario, en otras ciudades del país, sus políticos, empresarios y líderes comunitarios se unen para atraer la atención de Bogotá, a fin de lograr mayores inversiones en sus territorios.

Como cartageneros, lejos debemos estar de poner obstáculos a esos apoyos y, por el contrario, debemos animar al Gobierno nacional a que ponga aún más recursos financieros y talentos que, como el de la vicepresidenta, solo pueden arrojar mayores beneficios colectivos.

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