Editorial


La vinculación de Cynthia

“Es de esperar que este gesto de celeridad y severidad se replique en los demás procesos con situaciones aparentemente similares o equivalentes (...)”.

Cynthia Pérez Amador, primera dama del Distrito, a no dudarlo es la ‘joya’ más preciada del jefe de la administración local. Junto a ella está Diana Martínez Berrocal, la secretaria General, quien pudiera decirse que es la reina por destronar en ese juego de ajedrez en que se convierte la política municipal cuando las relaciones de los dirigentes que se sientan a un lado y otro de la tabla se agrian al extremo, como ocurre en Cartagena.

Frente a la decisión de la Contraloría Distrital, por la cual se deprecó del alcalde la suspensión de la secretaria General en el marco del proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial derivado del contrato de la Primera Dama, debido a que supuestamente suscribió los estudios previos que soportan la vinculación de Pérez Amador, aunque no es un pronunciamiento definitivo, sí es un duro golpe al esquema administrativo y político de la gestión del alcalde Dau.

Sería candoroso suponer que detrás de las actuaciones que han agitado las aguas de la política local sólo hay fines jurídicos, o que no hay movidas marcadas por la confrontación política. Por supuesto que la Contraloría Distrital no ha adoptado ninguna decisión que no esté descrita en la norma que le rige. Pero la prontitud y dureza de la decisión contra Martínez Berrocal tendría que ser la normal en tantos casos por hechos similares o más graves. Es de esperar que este gesto de celeridad y severidad se replique en los demás procesos con situaciones aparentemente similares o equivalentes. De lo contrario, en vez de constituir un buen ejemplo para los demás funcionarios y para los aspirantes a cargos públicos, sólo será recordado como un desliz en el ejercicio del control fiscal.

Aunque hay que reconocer que la decisión de modificar el contrato de Cynthia para ajustar el valor conforme con lo señalado por la Contraloría, y reembolsar lo pagado en exceso considerando el precio inicialmente pactado es la posición más congruente frente a las imputaciones del caso, lo cierto es que, independientemente de los laberintos y mezquindades de la realidad política regional, los hechos por los cuales se han desatado distintas investigaciones en torno del proceso de vinculación de la Primera Dama se convierten en graves y requieren de un pronunciamiento contundente de la Administración Distrital, en cuanto a la presunta falsedad de uno de los certificados laborales que soportan la hoja de vida de ésta, lo cual no parece estar en duda después de que la representante legal de la empresa que expidió el supuesto certificado de experiencia, confirmara que se trata de una falsedad en documento privado y el uso de este, punibles que provocaron su denuncia contra quienes resulten responsables.

Y es conveniente que vayan más allá y más rápido en este delicado punto, pues la administración que ha convertido la lucha contra la corrupción en el principal estandarte de gobierno está llamada a erigirse en el modelo a seguir para los ciudadanos que opten por el azaroso y a veces desagradecido oficio de servidor público.

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