Como si la mala atención en salud de los cartageneros no fuera de por sí grave, la violencia en algunos Centros de Atención Permanente (CAP) dificultan aún más el acceso de la población local, especialmente la más pobre, a los servicios médicos básicos.
No es una situación nueva, especialmente en el CAP de Olaya Herrera. Allí los últimos acontecimientos obligaron a cerrar la urgencia, y como en ocasiones anteriores, se anunció que la Policía Metropolitana prestará vigilancia, una estrategia que no ha solucionado la dificultad.
Con razón, los coordinadores de los 13 CAP y puestos de salud en la ciudad han manifestado su temor y exigido a las autoridades verdaderas garantías para ejercer su misión, pues trabajan en medio de la zozobra y sin la menor seguridad.
Es obvio que la situación exige de inmediato una acción de la Policía y de la Alcaldía, más allá de la vigilancia policiva, un anunció que no le devuelve la confianza a la comunidad, porque en el caso del CAP de Olaya, está situado a pocos metros de la estación de ese barrio.
Este hecho es otra manifestación más del clima de inseguridad que afecta a Cartagena, donde se han incrementado los crímenes, las riñas, los atracos y las agresiones, sin que parezca existir la esperanza de que tal explosión de violencia se pueda detener.
El clima es tan atemorizante en muchos sectores de la ciudad como la Zona Sur Oriental, que mucha gente se abstiene de circular, aun en carro, por ciertas avenidas principales, como la Vía Perimetral, por el temor a ser víctimas de atracos o de agresiones fatales.
Es posible que esta circunstancia, propiciada por el hecho de que la Perimetral no haya sido concluida en su trazado original, sea la causa de que a pesar de la frecuente circulación de vehículos, no deje de ser el espacio peligroso que es hoy en día.
La parte final de la vía es otro laberinto inexpugnable, porque los sitios por donde se suponía se iba a extender han sido invadidos.
Los barrios como Olaya Herrera exigen una intervención contundente e integral de la Administración distrital, porque lo que la comunidad denuncia es que es una tierra de nadie, donde incluso la Policía se atreve muy poco a entrar.
Sería bueno que el alcalde Dionisio Vélez explique cuál será la política para manejar una situación tan insostenible, pues los habitantes de la ciudad ven aterrados cómo las pandillas siguen enseñoreadas en territorios cada vez más extensos e incrementando el grado de violencia y armamento empleado para ello. También que informara qué respuesta han tenido sus peticiones de relevar a los comandantes de ciertas áreas de la ciudad, si es pertinente, y de emplear a la Infantería de Marina para controlar el orden público en algunos sectores críticos.
Y sería bueno que la Policía, que tiene la experiencia, diga cuáles son sus dificultades para enfrentar los múltiples factores de violencia en Cartagena y qué apoyo nacional y local necesita para poder hacerlo.
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