Editorial


Las autoridades marítimas

“Ya basta de que el mayor freno para la navegación privada y de recreación sean las competencias de las autoridades centralizadas en la capital”.

A pesar de los palmarios esfuerzos realizados por la administración distrital para controlar las violaciones a las restricciones de usos, transporte y protocolos de bioseguridad en las playas, expresados en más de cien intervenciones en marinas y establecimientos de comercio durante el pasado puente festivo, incluida la inspección en los distintos muelles para verificar la salida de embarcaciones hacia la zona insular, control a hoteles y hostales en aquellas áreas, y al puerto de embarque que opera detrás del Nuevo Hospital de Bocagrande, la sensación de que la autoridad es desbordada por la realidad no es mera conjetura.

Tal vez el mejor retrato de la incapacidad o de la ineficiencia del vetusto esquema legal de gestión del litoral que hace parte de la jurisdicción del Distrito de Cartagena (y del país) fue el patético incidente del pasado sábado, en el que pilotos de Tierrabomba pusieron en fuga a una embarcación de Guardacostas que ejercía labores de control a una tripulación que no cumplía con las medidas de bioseguridad.

Frente al vergonzoso incidente, la autoridad no tuvo más remedio que acordar la habilitación del área de playa ubicada detrás del referido Hospital, en Castillogrande, como improvisado puerto de embarque. La decisión, inevitable, también generó otro efecto, denunciado por vecinos de ese barrio, sobre el cúmulo de desechos que quedó en la orilla de esa playa, sobre todo al finalizar la jornada de desembarque de los turistas que regresaron al continente después de disfrutar el mar, hostales y hoteles en Tierrabomba.

Algunos vecinos propusieron que las autoridades impidan ese inadecuado puerto, fruto del cierre de otros accesos portuarios ubicados en el interior de la Bahía y, singularmente del Muelle de Los Pegasos. Pero lo cierto es que esa tampoco es la solución.

Aun cuando es inadmisible que los particulares intimiden a la autoridad, las causas de los distintos desacatos a las órdenes contenidas en las normas vigentes y/o expedidas antes y durante de la pandemia son diversas, incluidas el hambre, el desempleo y el olvido estatal. Pero el asunto va más allá si consideramos que el quid de la problemática del transporte a las zonas insulares que, por ejemplo, exigen partir y retornar de La Bodeguita, lo que supone la inversión en el doble de distancia y combustible que desde Castillogrande, ofrece más aristas que las muy visibles.

Pero es muy poco lo que se puede hacer desde lo local, porque la legislación marítima, herencia casi inmodificada de las ordenanzas coloniales, sigue marcando el norte en la mente de quienes, desde las sabanas de Bogotá, administran el quehacer marítimo con una visión militarista, que no civil ni comercial, de todas esas realidades, con escasa competencia de las autoridades municipales.

Ya basta de que el mayor freno para la navegación privada y de recreación sean las competencias de las autoridades centralizadas en la capital. Mientras eso siga funcionando así, no hay nada que hacer. Es hora de ponerle el cascabel al gato.

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