Editorial


Las consecuencias

“Lo que hemos visto ocurrir con algunas decisiones en el ámbito local merecen una segunda mirada. Por ejemplo, saber que estamos ad portas de otra parálisis (...)”.

Si para el individuo no tomar decisiones, tomarlas tardíamente o tomarlas sin la debida prudencia puede conllevar penosos efectos personales, el asunto es mucho más oneroso si quien obra así es un servidor público.

Las consecuencias de los actos propios en el ámbito individual pueden ser intrascendentes frente a terceros cuando se asumen en la vida privada; pero cuando se arbitran desde un cargo público pueden ser graves, tanto para el funcionario, por acción u omisión, como para la entidad pública en nombre de la que este obra.

Cada quien tiene la medida del control de su propio destino (salvo aquello que depende del alea –para los que no son creyentes– o de Dios) en tanto que es coherente en el recorrido que debe cursar entre sus circunstancias, las decisiones que adopta y las consecuencias que le sobrevienen.

Una forma sensible, esto es, objetiva, de medir la sensatez ajena es valorar cuáles son o fueron las consecuencias finales de sus actos. En materia íntima, la calificación de esta cruda verdad deviene de la conciencia interior: si hay arrepentimiento es muy posible que la decisión haya sido errada, improvisada, prejuiciosa o irracional. Y no aceptar las consecuencias de esos actos suele ser muestra de inmadurez o de irresponsabilidad.

Pero en lo público, esto es, en punto de la gestión de las cosas del Estado, esa calificación de la conducta no la hace la íntima conciencia; trasciende al ser y pasa a la esfera de los códigos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales. Y las consecuencias, cuando suponen un detrimento patrimonial o una condena contra el Estado o cualquiera de sus entes territoriales o adscritos, imponen que el pago de los perjuicios provenga del erario, que es de todos y de cada ciudadano, sobre todo en la porción que viene de los impuestos de los contribuyentes. Ni para qué contar con las subsecuentes acciones de repetición que procedan contra el patrimonio personal del agente del Estado que haya ocasionado el deber de reparación económica de uno de tales daños, cuando la conducta del servidor público haya sido gravemente culposa.

Lo que hemos visto ocurrir con algunas decisiones en el ámbito local merecen una segunda mirada. Por ejemplo, saber que estamos ad portas de otra parálisis de buena parte de la ciudad por cuenta del viejo conflicto aún no dilucidado de los peajes, o de la reciente concesión gratuita de los pasajes en Transcaribe, o del vuelo que toman las cosas cuando se potencializa la informalidad sin medir las hondas repercusiones que tiene para el aprendizaje de una vida organizada en comunidad, hace pensar en si ello obedece, o a la improvisación, o a planes previamente razonados y calculados.

Por las consecuencias de las decisiones que se han adoptado a lo largo de los años a nivel local, y que hoy nos tienen en tantos líos, tenemos derechos a saber cuál de esas dos opciones corresponde al caso distrital.

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