Editorial


Las islas, sin futuro

“No se entiende por qué quienes llevan décadas construyendo honradamente su patrimonio, pagando arriendos a la nación (...) están siendo excluidos del diálogo”.

EL UNIVERSAL

11 de diciembre de 2023 12:00 AM

Continuando con el tema del futuro de las Islas, viene a colación que hace pocos meses varios congresistas del Pacto Histórico propusieron avivar la unidad a través de un “gran acuerdo nacional”.

Uno de los ejes propuestos fue la equidad entre las regiones y se invitó a participar de las mesas de trabajo a la ciudadanía; no obstante, a los empresarios cartageneros no se les han abierto dichos espacios, a pesar de haberlos solicitado por varias vías.

Entre esos se cuentan quienes tienen contratos de arrendamiento en las Islas del Rosario, que alegan ser cumplidores de sus deberes contractuales y legales, y que contribuyen a la preservación de este Parque Nacional Natural (PNN), generando cerca de 450 empleos directos, más de 600 indirectos impactando casi a 4.000 raizales y cartageneros, según su dicho.

Por eso, sorprende que la no renovación de los contratos se haya iniciado sin contarle a la ciudadanía cartagenera qué planes diseñaron los funcionarios desde Bogotá, como ha sucedido históricamente. ¿Planes?, ¿los tienen?, ¿sabe la Agencia Nacional de Tierras cuántos empleos se perderán, y cómo mitigará el daño?

Los primeros predios, cuyos contratos no fueron renovados, se entregaron a dedo. ¿Por qué?, ¿quién lo decidió?, ¿no dizque eran esas prácticas de gobiernos pasados? Hablamos de un PNN que requiere estrictos protocolos de manejo ambiental ¿Conoce la ANT lo que sucedió en Playa Blanca?, ¿ha estudiado con Minambiente las consecuencias ambientales de entregar los predios sin capacitaciones previas?, ¿quién vigila que los planes de manejo ambiental que llevan años implementando los empresarios a quienes no se les renovará el contrato, se sigan cumpliendo?, ¿qué va a hacer el Gobierno frente al deterioro de los arrecifes coralinos en las Islas?

Por otro lado, la entrega de baldíos a la comunidad, muchos con casas de lujo construidas durante décadas, requerirán mantenimientos locativos. ¿Tiene la ANT estimados esos costos?, ¿de qué parte del presupuesto de la ANT saldrán los dineros para evitar el detrimento patrimonial?

Es loable buscar la equidad social, pero todos los cambios requieren orden, procesos, procedimientos y diálogo con quienes resultarán afectados. ¿Cuáles son los de la ANT?, ¿por qué a algunos nativos les ha entregado inmuebles y a otros no?, ¿también a dedo?, ¿se ha capacitado a la población para administrar dichos inmuebles?

No se entiende por qué quienes llevan décadas construyendo honradamente su patrimonio, pagando arriendos a la nación y conociendo de primera mano el territorio están siendo excluidos del diálogo. ¿Clasismo a la inversa?, ¿unidad nacional?, ¿cuándo se escuchará a los empresarios cartageneros que, en muchos casos, también viven de sus negocios en las Islas, generan empleo, y también tienen un arraigo y vinculación afectiva con este territorio?

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