No es posible sustraerse de todo lo acontecido en la rueda de prensa pública organizada por la Comisión de la Verdad el sábado anterior, en la que seis excombatientes relataron sobre su contribución a la confrontación armada, las masacres, los desplazamientos, asesinatos selectivos y masivos a lo largo de nuestra Costa Caribe.
El valioso espacio, denominado ‘Afectaciones e Impactos de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Caribe Colombiano’, resultó en remarcable oportunidad de encuentro entre víctimas y victimarios de esos años inhumanos y crueles, que mostraron los peores impulsos, predisposiciones y degradaciones del ser humano, tras espirales ascendentes de odio fratricida inimaginable, que hoy se ven como escenas dantescas, propias de épocas pretéritas cuando entre los hombres no habían nacido sentimientos de consideración y respeto mutuos.
Aun cuando las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron a principios del nuevo milenio, los efectos del daño que propinaron, en concurrencia con grupos guerrilleros, agentes del Estado y particulares y empresas que los apoyaron, aún se mantienen en las mentes y corazones de cientos de familias que apenas gozaron de algunos años de reciente y relativa calma, pero que nuevamente ven amenazadas sus existencias por la aparición de reeditadas y nuevas expresiones de violencia, que hacen temer el regreso de aquellas horas infaustas.
No puede permitirse que, tras varios años de relativa paz, los vestigios y herencias de aquella confrontación fratricida, singularmente en los Montes de María, Urabá y el norte del Caribe colombiano, vuelvan otra vez a revelarse debido a la presencia en los territorios rurales de esa explosiva mezcla de disidentes y bandas criminales, todas bajo el perverso y demoníaco afán de lucro mediante empresas ilícitas, muchas de estas patrocinadas por el apetito voraz de carteles extranjeros.
Lecciones de los testimonios –que también son confesiones– de los exparamilitares intervinientes son muchas; pero hoy se puede destacar el papel sustancial que juega el tráfico de drogas ilícitas en el territorio, como principal factor que erosiona las relaciones humanas, marchita el papel del Estado y degenera las posibilidades del desarrollo social, armónico y sostenible, pues tal territorio se emplea como corredor, desde Antioquia hasta La Guajira, para el cultivo y movilidad de los estupefacientes, y motiva la errática decisión de asumir la defensa de la vida y bienes por fuera del uso legítimo de las Fuerzas Militares y de Policía.
Bien por estos encuentros, que brindan incomparables oportunidades para que se hablen y escuchen nuestros compatriotas que estuvieron envueltos directamente en años horribles, como víctimas y victimarios, en procura de algo de alivio y de reparación pero, sobre todo, de no repetición de la violencia.
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