La justicia arbitral se pronunció determinando que la Tasa Interna de Retorno (TIR) en el contrato de concesión del corredor de carga, celebrado entre el Distrito y Convial se alcanzó en octubre de 2020.
El tiempo le ha dado la razón a los líderes de los comités Antipeajes, veedores, transportadores de carga, Contraloría y al alcalde, lo que ha llevado a Convial a levantar las dos talanqueras que faltaban (Abocol y Parquiamérica), pues ya lo habían hecho en 2021 en los peajes de Ceballos y Bazurto (Manga) a propósito de los acuerdos a los que arribaron, autoridad local y concesionario, en las mesas técnicas de entonces.
Lo anterior conlleva, salvo que en algún recurso -como el de anulación- se fije lo contrario, al reembolso a favor del Distrito, de los recursos que se recaudaron desde octubre de 2020, a la liquidación del contrato de concesión y a la reversión de la infraestructura que soportó la operatividad de los recaudos.
El Distrito tendrá que decidir ahora si mantiene todos o algunos de los peajes, o si desistirá de estos, en cuyo caso deberá decirle a la ciudad de dónde saldrán los recursos para el mantenimiento de la malla vial que antes se sostenía con tales recaudos, y qué entidad pública, privada o mixta se encargará de tan indispensable obligación estatal.
Del laudo o fallo dictado por el Tribunal de Arbitraje, y de todo lo que ocurrió en derredor del cobro de peajes internos, pueden extraerse diversas lecciones.
Una de estas es que las autoridades y los contratistas del Estado deben escuchar a las comunidades en sus protestas, aunque parezcan desfasadas. Los comités Antipeajes persistieron en su lucha y tenían la razón; aportaron documentación sobre la TIR a la Contraloría Distrital, a la General y a parlamentarios, pero no tuvieron eco hasta que el alcalde actual decidió sumarse a esa batalla.
Otra es que la autoridad no debe aupar las vías de hecho. El alcalde se equivocó al animarlas, aunque los protestantes tuvieran la razón. El camino era, como terminó siendo, el jurídico. Formular la contrademanda arbitral, aportando las pruebas técnicas de los asertos oficiales, fue lo que finalmente terminó con la cuestionada prolongación de la concesión. El Estado no puede deslegitimarse así mismo cuando cuenta con las vías legales para el logro de sus funciones.
Otra es que los concesionarios o contratistas del Estado son responsables no sólo de cumplir a cabalidad con los contratos que suscriba; hoy, conforme con la evolución de las realidades en el poder popular y la participación ciudadana, es necesario ir más allá.
En efecto, un mayor compromiso con el entorno, inversiones en las comunidades vecinas, mayor diálogo social y, sobre todo, un esfuerzo y revisión constantes de la relación contractual para que siempre brille la justicia y la transparencia, con celosa sujeción a la conveniencia ciudadana, hoy son determinantes.
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