Frente a la exigencia de la delegación gubernamental en los diálogos con el Eln, de deprecar desde ya la liberación de todos los secuestrados y la renuncia a futuros secuestros, la respuesta de los dirigentes de ese grupo guerrillero resulta aterradora.
Alias ‘Antonio García’, su máximo líder, afirmó que el Eln cumplió con la liberación del padre de Luis Díaz, pero que aún no hay un acuerdo en la mesa de negociaciones sobre “... las retenciones, ya sea de naturaleza económica, política o judicial...”. También afirmó que continuarán con esas operaciones para conseguir finanzas, pues son organización pobre, tesis con la cual pretenden legitimar, desde su visión guerrerista, el oprobio del secuestro.
Es claro que buscar una solución concreta y real para financiar el cese al fuego es un asunto pendiente en la Mesa de Diálogos en la medida que la delegación del Gobierno expresa que no se considera proporcionar financiamiento a ese grupo durante el cese al fuego bilateral.
Pero hay un problema incluso con los ceses al fuego y de hostilidades, pues aunque se suspendieran los secuestros, durante estos ceses no se ha logrado una mejora de la seguridad; por el contrario, durante estas etapas los grupos armados se han expandido tanto en personal como en territorio, siendo responsables de más de 20 acciones violentas en el primer semestre de 2023, que abarcan homicidios selectivos, extorsiones y control social.
Conforme con las alegaciones de la representante a la Cámara, Caterín Juvinao, cifrada en informes de Indepaz, Pares, la MOE, la ONU, MinDefensa y Defensoría del Pueblo, aumentaron de forma alarmante los indicadores de la confrontación entre grupos armados (+85%), la trata de personas (+57%), la extorsión (+15%), el secuestro (+77%), los atentados contra oleoductos (+56%) y el confinamiento (+24%).
Ante un panorama tan negativo tiene sentido que el Gobierno revise si es conveniente y factible negociar al tiempo con cinco grupos armados sin una previa definición de hojas de ruta, protocolos y mecanismos de verificación, sin una clara diferenciación entre lo que es una negociación política y una de sometimiento con grupos criminales.
Es inaudito que, después de prácticamente desaparecer el infame delito del secuestro, hoy haya al menos 250 personas en manos de grupos delincuenciales, disidencias y alzados en armas.
No es posible comprender que los comisionados del Gobierno, que lo son del Estado, admitan que continúen las negociaciones bajo la espada de Damocles que sostiene la continuidad del secuestro como fórmula de financiación de estas estructuras.
El país espera que los líderes del Eln comprendan la profunda indignación y repudio que su grotesca posición suscita. No se entienden las negociaciones ni los ceses del fuego si la inhumana práctica del secuestro va a continuar como otra forma más de lucha.
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