Ley de Regiones y centralismo

17 de julio de 2019 12:00 AM

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Por años nos hemos quejado del pesaroso centralismo, que nos quita autonomía incluso para tramitar asuntos elementales.

El centralismo agobiante nos pone a depender de Bogotá para tantas cosas que rayan en lo absurdo. Fundar una industria, tramitar concesiones de playa, obtener diversas licencias y toda suerte de cuestiones no solo retrasan las soluciones pertinentes, sino que encarecen los costos para lograrlas, lo que pesa en contra de la competitividad, en la medida que otros ciudadanos y empresarios, residentes en la capital del país, se los ahorran.

Esa dependencia del centro capitalino se convierte en una ventaja comparativa a favor de aquellas universidades, profesionales, promotores y demás gestores que tienen la posibilidad geográfica de acceder con inmediatez a la información y a los contactos que los coloca en mejor posición para conquistas que desde las provincias se dificultan o encarecen.

En esas condiciones, qué difícil es para los costeños ser tenidos en cuenta en las altas esferas del poder, y qué poco contamos al momento de organizar los escogidos que accederán a los cargos que pesan en los sectores público y privado.

Recibir desde la fría capital respuestas a las realidades de las provincias a veces es más una maldición que una fortuna; por eso resultan tan demoradas las soluciones, cuando no son desacertadas.

El centralismo genera, además, un círculo vicioso por el cual en las provincias nos acostumbramos a que las decisiones trascendentes se tomen a la distancia, de tal manera que, en vez de servidores en cumplimiento de su deber, a los funcionarios nacionales los vemos como a los salvadores en nuestras incompetencias, desacuerdos y disconformidades. En tal sentido, el centralismo agobiante también es una prolongación mental de los sistemas coloniales, en los cuales unos obran como libertadores y otros como súbditos, en una relación de desigualdad que se antoja atávica.

Por ejemplo, cuánta falta ha hecho un estudio sobre lo que ha perdido el Caribe colombiano en productividad por cuenta de esa dependencia mañosa de las decisiones que sobre el desarrollo se adoptan muchas veces de forma desarticulada y sin comprender qué es lo que se requiere acá, y cómo funciona nuestra idiosincrasia.

Como tampoco se ha hecho el cálculo de la responsabilidad que le cabe a la rolocracia por la pérdida de Panamá o el mar que nos quitaron para regalárselo a Nicaragua. ¡Manes de la distancia!

Por eso, debe ser de buen recibo la recién sancionada Ley 1962 que regula las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), que permitirá a los departamentos costeños sumar recursos propios, del presupuesto Nacional, de la cooperación internacional, de alianzas público-privadas y otras fuentes no prohibidas, para los emprendimientos que se acuerden en común y que tengan impacto regional e integrador.

Si bien la ley no otorga toda la autonomía que se esperaba, es un paso conveniente para ir avanzando estratégica y eficientemente hacia el objetivo mayor, que es lograr el reconocimiento de la Costa Caribe como región autónoma (RED).

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