Editorial


Ley mordaza

“Es una norma vindicativa, inspirada en un espíritu de venganza y de evidente intimidación para acallar o doblegar el ánimo impetuoso de los periodistas”.

EL UNIVERSAL

08 de diciembre de 2021 12:00 AM

Se volvieron a ‘lucir’ en el Congreso. En la noche de este lunes, en la Cámara de Representantes, fue aprobado el Artículo 68 del proyecto de Ley Anticorrupción, por el cual se fijan mordazas al periodismo y al derecho a la información de los colombianos. En un proyecto que se confeccionó para luchar contra la corrupción se incorpora una norma que persigue todo lo contrario.

Desde su gestación, la prensa ha jugado un papel sustancial en la investigación y revelación de los principales casos de abusos de poder y de desviación criminosa de los recursos públicos. Es usual que a las sentencias condenatorias por delitos contra el erario y la gestión de los intereses públicos, les precedan investigaciones periodísticas que sirven de base para que los procesos penales y disciplinarios concluyan con la identificación de autores y partícipes de hechos reprochables.

Si un periodista o un medio de comunicación profiere noticias u opiniones calumniosas o injuriosas, o falta a la verdad a sabiendas, ya existen suficientes y completas normas tanto en el código penal como en la legislación de responsabilidad civil extracontractual, para hacer pagar al o los responsables. Agregar una norma específica para proteger el prestigio o buen nombre de los servidores públicos no solo es innecesario, por la razón expuesta, sino que, además, es una evidente discriminación al crear un tipo penal que favorece solo a los funcionarios del Estado, cuando son estos quienes tienen que estar más expuestos al escrutinio colectivo y quienes juegan un rol de subordinación social en la medida que, mientras el resto de ciudadanos pueden hacer lo que les venga en gana siempre y cuando no esté prohibido, los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido; y porque mientras los particulares administran sus propios recursos, los funcionarios estatales administran los oficiales.

Los artículos que tipifican la injuria y la calumnia para proteger a todos los ciudadanos, incluidos los servidores públicos, no discriminan si los punibles se cometen contra un individuo o su familia, porque no es necesario. La inculpación va contra el responsable por el daño que ocasiona al buen nombre de los destinatarios de sus ofensas y falsedades. Pero el referido Artículo 68 hace extensiva expresamente esa protección a la familia del funcionario, lo cual también es abiertamente discriminatorio, como si solo estos tuvieran familia que proteger. Es, abiertamente, una norma vindicativa, inspirada en un espíritu de venganza y de evidente intimidación para acallar o doblegar el ánimo impetuoso de los periodistas que asumen el grave compromiso de investigar la conducta de quienes administran los recursos o representan los intereses del Estado.

Por fortuna, aún quedan el presidente de la República y la Corte Constitucional para detener esta insensatez.

TEMAS

  NOTICIAS RECOMENDADAS