Editorial


Licencia para el Dique

“Esperamos que no haya demoras en el trámite de la licencia ambiental, para que esta decisión no se convierta en un mal mayor que el que se pretende prevenir con tal exigencia”.

EL UNIVERSAL

18 de febrero de 2024 12:00 AM

Preocupa que, en la discusión por el nuevo licenciamiento ambiental del proyecto de ‘Restauración de Ecosistemas Degradados en el Canal del Dique’, ninguna autoridad haya indicado cuánto retardará el propósito de detener el cerramiento del canal de navegación interno de la bahía.

Las explicaciones que nos han dado están dirigidas a señalar que se necesita la licencia, a pesar de que no era imperativo por contar con el Plan de Manejo Hidrosedimentológico (PMH), más que suficiente para garantizar un tratamiento responsable con el medio ambiente circundante a las obras.

Pero ya no hay nada qué hacer: va la licencia contra lógicas que se manejaban, lo que podría explicarse desde varias ópticas, incluida la de que la ministra se comprometió con la comunidad a que se tramitaría la licencia antes de que conociera el contenido del referido PMH; y debemos reconocer que a la comunidad raizal en los distintos municipios conviene el trámite de la licencia en la medida que se les volverá a tener en cuenta en esta segunda etapa, pues ya se les escuchó en las anteriores consultas previas (CP).

Estos ejercicios, además de permitir la participación de las poblaciones olvidadas por el Estado, excluidas del progreso, que no cuentan más que con las CP para atraer inversión en sus poblados, donde las autoridades públicas no invierten con responsabilidad, pues saben que los empresarios tendrán que asumir las obligaciones estatales a través de los compromisos resultantes de los acuerdos que cierran dichas consultas, son oportunidades para que los distintos interesados de los sectores público, privado y comunitario, establezcan un diálogo directo, sin intermediarios, en relación con la preservación del ambiente, de las fuentes naturales de ingreso de los raizales y de cómo armonizar el desarrollo sostenible de sus territorios con la construcción del proyecto.

Una CP es oportunidad para los residentes, porque implica la aprobación de partidas de inversión, y una fuente de retribución para consultores y representantes de las comunidades.

Sin embargo, tenía razón la Procuraduría al instar a las autoridades ambientales a reconsiderar la exigencia de una licencia ambiental, pues tal requerimiento no debía estar sujeto al arbitrio de ninguna autoridad, teniendo en cuenta que las comunidades ribereñas corren riesgos de inundaciones mientras se tramita esta licencia de manera imprevista.

Pero esta lógica ya de nada sirve, aunque sea la purísima verdad. Lo cierto es que el Gobierno no adelantará el proyecto sin licencia; no hay nada qué hacer y se entiende por qué alcaldes y gobernadores lo asumieron sin más remilgos.

Partiendo de esta realidad, esperamos que no haya demoras en el trámite y obtención de la licencia, para que esta decisión no se convierta en un mal mayor que el que se pretende prevenir con tal exigencia.

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