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06 de julio de 2020 12:00 AM

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Un grupo de conspicuos mayores de 70 años logró que un juez de tutela les reconociera el derecho que tienen a salir más horas diarias a la semana para ejercitarse, como está autorizado para personas menores de esa edad.

Desde que iniciaron el movimiento de rebeldía contra las medidas más severas impuestas a quienes llegaron a esas calendas, a su cruzada se le llamó la ‘rebelión de las canas’ porque su indocilidad deriva de la consideración que, como adultos mayores, reciben un trato discriminatorio que atenta contra derechos a la igualdad, la libertad de locomoción y el libre desarrollo de la personalidad. La jueza 31 administrativa de Bogotá les concedió la razón en el núcleo de lo que le pidieron, por lo que al Gobierno corresponde reconsiderar las medidas adoptadas en aspectos como el tiempo para el ejercicio físico al aire libre de los mayores de 70, las condiciones de aislamiento y la manera de mitigar sus riesgos mentales y físicos.

Este pronunciamiento judicial trae a discusión hasta dónde pueden llegar las autoridades del poder ejecutivo para regular o restringir libertades ciudadanas en tiempos de emergencia como la que pasamos ahora; y hasta qué nivel de potestad tienen los jueces para revocar, suspender o modular los actos administrativos dictados por los integrantes de la Rama Ejecutiva.

No tiene sentido revisar, por supuesto, el poder de los gobernantes en sistemas no democráticos, que los hay prácticamente en todos los continentes en donde, quienes ostentan el poder político y militar, suspenden a su libérrimo criterio derechos subjetivos ciudadanos, en nombre del colectivismo. La valoración que interesa es la relativa a ese poder en regímenes democráticos, como el nuestro, en el que hay un sistema de pesos y contra pesos distribuidos con relativa autonomía entre las distintas ramas del poder estatal, el Ministerio Público y los ciudadanos.

En occidente, los gobiernos democráticamente elegidos han debido asumir, con base en leyes excepcionales de emergencia, poderes concentrados para atender los retos de la pandemia que necesariamente deben restringir derechos fundamentales. Frente a esto, se han recopilado decisiones estatales que pudieran significar una extralimitación en el ejercicio de esos poderes excepcionales que comienzan a amenazar la articulación de viejas tesis de corte liberal. Ello ocurre cuando, con la abundancia de decretos presidenciales o locales, pensados en la protección del colectivo, se cuelan disposiciones carentes de ciencia o de rigor reflexivo, bien sea por improvisación o facilismo, que castigan a ciertos grupos poblacionales; pero la cosa es peor cuando esos abusos se dan por una mirada autoritaria del gobernante.

Sin prever si el fallo mencionado será revocado o no en segunda instancia, el mensaje de fondo es sobre la moderación que deben guardar nuestros mandatarios al tiempo de razonar sobre las medidas que adoptan, pues siempre deben dictarse a la luz de la justa y reflexiva estimación de los derechos fundamentales de los gobernados.

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