Después de celebradas las elecciones, el elemento político moderno más republicano es el proceso de empalme entre gobernadores y alcaldes salientes y entrantes, que incluso está regulado normativamente a través de la Ley 951 de 2005, que lo hace de obligatorio cumplimiento.
El trámite se cumple para minimizar los traumatismos del proceso de entrega y recibo formal de la administración pública de las entidades territoriales, y concluye con el acta de informe de gestión. Otro objetivo no menos importante es que la información sirva para afinar las estrategias de los gobiernos entrantes, para la elaboración de los nuevos Planes de Desarrollo.
Por cuanto el empalme no obedece al libre criterio del gobernante que culmina su periodo, sino que resulta de una imposición del orden legal, se entiende el interés del Procurador General de la Nación en vincularse directamente en el trámite que se surte actualmente en Cartagena, habida cuenta de la desinstitucionalización padecida tras años de elecciones atípicas e interinidades, y frente a las denuncias de fraude electoral que ya están en manos de la Fiscalía por el excandidato William García, que suscitan un panorama inquietante en lo que se esperaba sería un proceso tranquilo y sosegado. Se valora, en todo caso, que García haya bajado el nivel de hesitación en las redes y haya conducido sus inconformidades, justificadas o no, por las vías legales.
En cuanto al proceso en el Distrito, si lo que se busca es que el alcalde electo conozca en detalle el estado de los temas que serán de su responsabilidad, lo que le permitirá identificar prontamente cuáles necesitan ajustes, con qué recursos va a contar y qué obligaciones resultan inaplazables a partir del 1 de enero de 2020, todo esfuerzo que se haga para que el empalme resulte efectivo, útil y transparente será valioso ante la evidencia de que William Dau llega al solio de la Aduana sin suficiente conocimiento de la realidad administrativa, legal y financiera del Distrito que recibe por voluntad popular, como tuvo la gallardía de reconocerlo en su momento.
Por lo mismo, el alcalde Pereira deberá revelar en su integridad el estado en que se encuentra el ente territorial, detallando especialmente en aquellos asuntos que pueden suponer una afectación patrimonial o daños a funcionarios y terceros si no se atienden prontamente, “... con el fin de garantizar la continuidad de los servicios básicos a la ciudadanía y la correcta ejecución de los procedimientos administrativos y financieros para mitigar los traumatismos asociados a los cambios de gobierno...”, como lo han señalado la Procuraduría y la Contraloría, conjuntamente.
En todo caso, tranquiliza saber que tanto el gobernador como el alcalde electos han designado a destacadas y experimentadas abogadas como coordinadoras de las respectivas Comisiones de Empalme, Roxana Segovia e Irina Saer, respectivamente, que gozan de plena credibilidad en el medio jurídico, empresarial y político. Rodearlas a ellas y las Comisiones respectivas es un imperativo para todos los bolivarenses.
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