Editorial


Los líderes sociales

“Y claro que es posible hacer más, como lo prueba el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que revela el avance que ha habido en este punzante campo (...)”.

EL UNIVERSAL

28 de diciembre de 2021 12:00 AM

El asesinato, los atentados, el hostigamiento y las amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en el país, no solo constituye una tragedia personal, familiar y social de indescriptible dolor y de incalculables consecuencias en las respectivas comunidades donde suceden, sino que además son el fenómeno delincuencial que más daño le propina a la apreciación del sistema democrático colombiano por fuera de nuestras fronteras.

No existe una anomalía en el alma de la nación que más reproche produzca a nivel internacional que las masacres, sobre todo en las que son víctimas líderes sociales. A nivel político de las organizaciones estatales, las agencias de Naciones Unidas o las organizaciones no gubernamentales de amplia capacidad de influencia, ese daño es superior incluso al desprestigio persistente que soporta el país como gran productor y exportador de drogas ilícitas.

Es muy poco lo que en influencia en el quehacer diplomático el país puede lograr mientras soportemos la mácula de descuidar o desproteger a quienes asumen como oficio de vida la defensa de sus comunidades. Una nación que en un año como este ha registrado ya, según el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), 92 masacres que han dejado 326 víctimas en 70 municipios de 20 departamentos, con 168 líderes sociales y 48 firmantes del acuerdo de paz asesinados, de entre los cuales 26 eran mujeres, muy poco tiene de autoridad moral para cuestionar a otros Estados o regímenes que cuentan en sus territorios con hechos similares o equivalentes.

Tendríamos que estar haciendo mucho más para que esa tragedia termine. El Estado colombiano y las distintas fuerzas sociales tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para brindar a los conciudadanos que arriesgan sus existencias por la defensa de sus comunidades y los derechos ajenos.

Y claro que es posible hacer más, como lo prueba el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que revela el avance que ha habido en este punzante campo de la realidad nacional, por cuanto “el Estado colombiano ha robustecido sus políticas en torno a la promoción y protección de los DD. HH. y emprendido acciones efectivas desde todas las ramas, con el fin de que todos los ciudadanos puedan gozar efectivamente de sus derechos”.

Entre esas acciones la Defensoría menciona la implementación de la Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los DD. HH. y el Liderazgo Social, y de medidas para casos concretos dirigidos a la protección de los derechos, la vida y el accionar de los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos frente a personas o grupos criminales, pues en 2021 hubo 52 homicidios menos de líderes sociales y defensores de DD. HH., que en el mismo período del año pasado.

Es inaplazable que la defensa de los líderes sociales se considere un primerísimo propósito nacional.

  NOTICIAS RECOMENDADAS